La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este miércoles el foco en la política de medicamentos de Estados Unidos tras la escalada de presión de la Administración Trump sobre las farmacéuticas. En una publicación en la red social X, García ha advertido de que «EEUU puede decidir su política de precios, pero no contra nuestra soberanía sanitaria». En este sentido, la ministra ha expresado su deseo de que la salud no se convierta en «un instrumento geopolítico». «Seguiremos defendiendo precios justos, acceso equitativo, autonomía estratégica europea y negociación pública frente a presiones externas», ha concluido.
El mensaje llega en un momento de alta tensión internacional por el control de precios, los márgenes de la industria y el papel de los gobiernos en la negociación pública. La declaración de la ministra conecta con un debate europeo cada vez más presente: hasta qué punto las decisiones de Washington pueden tener efectos indirectos sobre los sistemas sanitarios nacionales y sobre la política farmacéutica comunitaria.
Trump anuncia nueve acuerdos ‘NMF’
La Casa Blanca comunicó el 19 de diciembre de 2025 que el presidente Donald J. Trump había cerrado nueve nuevos acuerdos con grandes compañías para reducir los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos «en línea con los precios más bajos que pagan otras naciones desarrolladas». La fórmula se articula bajo el modelo de most-favored-nation o precio de nación más favorecida (MFN/NMF), que busca equiparar el coste estadounidense al mínimo existente en otros países ricos.
Según el documento oficial, las compañías fueron Amgen, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck, Novartis y Sanofi. La Casa Blanca destacó que los acuerdos abarcan fármacos para enfermedades crónicas de alto impacto como diabetes tipo 2, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, asma, EPOC, hepatitis B y C, VIH y determinados cánceres.
El anuncio incluyó un componente clave: extender el acceso a precios MFN a todos los programas estatales de Medicaid, además de reforzar la venta directa a pacientes a través de TrumpRx, con ejemplos de bajadas muy agresivas en medicamentos concretos. El fact sheet cita recortes como Repatha (Amgen) de 573 a 239 dólares o Epclusa (Gilead) de 24.920 a 2.425 dólares en compras directas mediante esa vía.
Un ultimátum, aranceles y decretos
El anuncio del 19 de diciembre no fue un hecho aislado, sino el resultado de meses de presión política. El GlobalFarma explicó que Trump envió el 1 de agosto de 2025 cartas a 17 multinacionales farmacéuticas exigiendo un “compromiso vinculante” para reducir precios en Estados Unidos hasta igualarlos con otras economías avanzadas, fijando el 29 de septiembre como fecha límite para responder.
Esa estrategia de presión incluyó amenazas comerciales y medidas de fuerza. El mismo medio detalló una escalada en la que Trump jugó con la carta de los aranceles, incluyendo advertencias de gravámenes muy elevados y el uso de decretos y plazos como mecanismo de negociación pública con la industria. Entre esos movimientos, se describe un contexto donde el sector estaba obligado a contestar, ante el riesgo de sanciones económicas o de intervención regulatoria.
En ese marco, el mensaje de García se interpreta como una respuesta política preventiva: España y la UE, sostiene la ministra, no pueden aceptar que la salud se utilice como palanca geopolítica. Su posición enlaza con una de las claves del debate europeo, la autonomía estratégica y la defensa de un modelo donde la negociación pública y el acceso equitativo primen sobre presiones externas, especialmente cuando estas se apoyan en instrumentos comerciales.
Origen: García apunta a Trump tras las presiones al sector farmacéutico: “Defenderemos precios justos”
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