Bombardeo a Caracas 3 de enero 2026
Por Andy López* / Catch-IP
El Centro de Políticas de Innovación Global de la Cámara de Comercio de EE. UU. realizó un monitoreo continuo de las políticas de propiedad intelectual de Venezuela. El informe incluye las actividades del gobierno de venezolano en materia de patentes y propiedad industrial.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber) es la mayor federación empresarial del mundo y representa los intereses de más de tres millones de empresas de todos los tamaños, sectores y regiones, así como de cámaras estatales y locales y asociaciones industriales.
En un informe encomendado a Pugatch Consilum en 2025, (www.pugatch-consilium.com), una consultora especializada que ofrece investigación basada en datos, análisis e inteligencia sobre los sectores de más rápido crecimiento de la economía del conocimiento se detallan las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Venezuela desde el año 2002 en materia de patentes.
Los autores, Meir Pugatch y David Torstensson, han señalado que “los titulares de derechos en Venezuela se han enfrentado durante muchos años a un “entorno empresarial muy incierto y difícil”, refiriéndose a los obstáculos encontrados por las empresas estadounidenses para registrar sus patentes en territorio venezolano”.
Según el informe, “Venezuela carece de las leyes y protecciones más básicas en materia de propiedad intelectual y ha ocupado el último lugar en el Índice de países que elabora el US Chamber desde que se incluyó por primera vez en la cuarta edición. El documento señala que el marco jurídico vigente, consagrado en la Ley de Propiedad Industrial de 1956, es anterior al Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), por no hablar de los marcos de propiedad intelectual más modernos y las “mejores prácticas internacionales”.
La información de la época indica que Venezuela se retiró en 2006 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y con ello la Decisión 486 de propiedad intelectual perdió estatus legal, restableciéndose entonces la ley de propiedad industrial anterior (de 1956). Cabe mencionar que bajo la presidencia de Hugo Chávez Frias, la doctrina de propiedad intelectual predominante consideraba a las patentes como un instrumento del capitalismo que favorecía los monopolios tecnológicos, encargando durante sus mandatos y en varias oportunidades, revisar el tema. Una iniciativa de nueva ley de propiedad industrial fue impulsada en 2010, aunque no prosperaría por injerencias de las cámaras empresariales venezolanas y problemas políticos al interior del gobierno.
US Chamber advierte que Venezuela siguió figurando en la Lista de Vigilancia Prioritaria del USTR en el Informe Especial 301 de 2025.
Asimismo,el último informe especial 301 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) -quien tutela el comportamiento de los países en materia de políticas de propiedad intelectual- señaló “la falta de avances notables hacia la mejora de la protección de la propiedad intelectual en 2023». Estados Unidos mantiene además varias preocupaciones con respecto a la falta de protección y aplicación adecuadas y eficaces de la propiedad intelectual(PI): “La piratería, incluida la piratería en línea, así como la grabación no autorizada y el uso generalizado de software sin licencia, siguen siendo un desafío persistente. Los productos falsificados también están ampliamente disponibles y la aplicación de la propiedad intelectual sigue siendo ineficaz“.
US Chamber asegura que “Aunque en un “avance positivo”, las declaraciones públicas realizadas en 2024, sugieren que el Gobierno venezolano está en proceso de desarrollar una Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual. El desarrollo de esta estrategia forma parte del plan de reforma socioeconómica más amplio del Gobierno de Nicolás Maduro, denominado «7T» (7 Transformaciones).
A lo largo de la primavera y el verano, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela y otros organismos gubernamentales y ministerios relacionados celebraron varias reuniones
públicas en materia de propiedad intelectual, aunque en el momento de la investigación, no se había puesto a disposición del público ningún documento definitivo”.
Finalmente y luego de los conmocionantes eventos del 3 de enero pasado en Caracas, la presidenta encargada del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que se enviaría a la Asamblea Nacional una nueva ley actualizada de Propiedad Industrial para “incentivar la invención y el desarrollo tecnológico nacional, reconociendo el papel fundamental de la clase obrera en la resistencia frente al bloqueo”.
No es solo petróleo y minerales: de acuerdo a documentos de la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump considera que el no cumplimiento de estándares internacionales de propiedad intelectual actúa como “barrera” al libre comercio de productos y servicios que “ponen en riesgo la soberanía y la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos”.
De esta forma y como parte de los Acuerdos en progreso entre el actual gobierno venezolano y la Administración Trump, se impone dentro del “pliego de condiciones de Trump”, acelerar y actualizar de forma prioritaria, la instauración de una Nueva Ley de Propiedad Industrial, según estándares que se ajusten a la economía y empresas (en especial farmacéuticas) estadounidenses.
Informe de US Chamber recomienda aplicar Indice de Propiedad Intelectual
Desde 2015, el Índice de Propiedad Intelectual que elabora US Chamber incluye un anexo estadístico que investiga una serie de correlaciones y examina la relación entre la solidez de los entornos nacionales de propiedad intelectual y diferentes tipos de actividad económica, incluidas las tasas de gasto en I+D, la innovación, la creación de tecnología y la creatividad.Para la US Chamber Venezuela ocupa el último lugar.
De acuerdo con las políticas llevadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos y sus empresas, “los derechos de propiedad intelectual y los incentivos son los pilares fundamentales para que se produzca la innovación y el desarrollo económico avanzado. Para todas las economías, tanto emergentes como desarrolladas, lo que impulsa la innovación, los avances tecnológicos y, en última instancia, el desarrollo y el crecimiento económicos es la creación de nuevas formas de activos intangibles y propiedad intelectual”.
Derechos y limitaciones de las patentes en Venezuela
Según la investigación, “las normas legales sobre la materia patentable en Venezuela se alejan considerablemente de las normas internacionales vigentes. En violación del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, los preparados químicos, el uso de sustancias naturales, el segundo uso y las nuevas formas de invenciones farmacéuticas han sido excluidos explícitamente de la materia patentable. Las invenciones creadas con fondos o medios públicos tampoco son patentables.
El plazo estándar de protección de las patentes también ha sido la mitad del mínimo de 20 años establecido por el Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, 10 años. Aparte del marco jurídico, en la práctica ha sido casi imposible para los inventores obtener la protección de una patente en las últimas dos décadas. La concesión de patentes farmacéuticas se suspendió en 2002 y, posteriormente, el SAPI dejó de tramitar y conceder patentes para todas las artes y tecnologías.
Como se señaló en ediciones anteriores del Indice, en un avance alentador, los informes locales sugieren que la SAPI ha comenzado a tramitar y conceder patentes de nuevo en los últimos años. Si los titulares de derechos pudieran obtener de manera sistemática la protección de las patentes con arreglo a las normas del Acuerdo sobre los ADPIC durante un plazo mínimo de 20 años, de conformidad con las obligaciones de Venezuela ante la OMC, de manera oportuna, esto supondría una mejora significativa y positiva en el entorno nacional de la propiedad intelectual de Venezuela.
Finalmente, la investigación afirma que “dada la prolongada y actual crisis política y socioeconómica de Venezuela, la prestación de atención sanitaria y servicios médicos básicos ha sido y sigue siendo muy complicada”.
*Andy López es analista internacional en economía y propiedad intelectual
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