La Corte Suprema de EEUU falló el pasado viernes que los aranceles impuestos por Donald Trump a otros países son ilegales según la legislación estadounidense. La decisión se basa en que el presidente utilizó una ley reservada para emergencias nacionales para aumentar los aranceles a decenas de países. La Casa Blanca había argumentado que la Ley de 1977 de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) facultaba al presidente para hacerlo. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que esa interpretación no era correcta y que, al aplicarla, el Ejecutivo estaba invadiendo competencias del Congreso.
Tras conocerse la sentencia, Trump firmó una Proclamación imponiendo un arancel temporal del 10% sobre ciertos productos importados a EEUU. No obstante, ayer cambió de opinión y anunció en su red social Truth que elevaba este arancel al 15%. La medida forma parte de un esfuerzo para corregir problemas fundamentales de pagos internacionales y fortalecer la producción nacional.
No obstante, incluye excepciones estratégicas, debido a las necesidades de la economía estadounidense y para garantizar que el arancel aborde de manera efectiva los problemas fundamentales de pagos internacionales que enfrenta el país. Entre los bienes que no estarán sujetos al arancel se encuentran los productos farmacéuticos y los ingredientes farmacéuticos, así como ciertos minerales críticos, energía, alimentos y recursos que no pueden producirse localmente en cantidades suficientes.
Según la Casa Blanca, el objetivo de esta exclusión es garantizar que el acceso a medicamentos y componentes farmacéuticos esenciales no se vea interrumpido, mientras EEUU busca frenar la salida de dólares hacia productores extranjeros e incentivar la producción interna en otros sectores.
La medida entrará en vigor el 24 de febrero a las 00:01, hora estándar del este, y tendrá una duración de 150 días. Además, la Oficina del Representante Comercial de EEUU investigará prácticas comerciales que puedan afectar el comercio estadounidense, como parte de la estrategia general de la Administración para reequilibrar las relaciones comerciales internacionales.
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