La industria farmacéutica vive en un estado de máxima alerta ante la agresiva campaña regulatoria y comercial de Donald Trump. Su objetivo es claro y lo ha repetido en varias ocasiones: obligar a las compañías a fabricar en suelo estadounidense y reducir drásticamente los precios de los medicamentos para los ciudadanos de EEUU. Esta estrategia, calificada por los expertos como «agresiva», ha generado una enorme incertidumbre en todo el sector. «El resto del mundo tendrá que pagar un poco más y EEUU pagará mucho menos«, afirmó el presidente estadounidense.
Hace unos días, el presidente de EEUU firmó una proclamación que habilita la imposición de aranceles de hasta el 100% a medicamentos patentados y a sus ingredientes farmacéuticos activos (API), en función del grado de compromiso de las compañías con la política de precios y relocalización industrial de su Administración.
El texto establece un esquema escalonado que vincula directamente la carga arancelaria a la firma de acuerdos con el Gobierno. En este sentido, las farmacéuticas que alcancen compromisos en materia de precios —incluidos mecanismos de “nación más favorecida” (MFN)— y presenten planes aprobados de producción en territorio estadounidense podrán acceder a un arancel del 0%.
En un segundo nivel, las compañías con planes de relocalización validados, pero sin acuerdos completos de precios, afrontarán un gravamen inicial del 20%, que se incrementará progresivamente hasta el 100% en un plazo de cuatro años. Para el resto de productos incluidos en el anexo de la proclamación, se aplicará directamente un arancel del 100%.
Calendario y negociación en curso
La entrada en vigor de las medidas se producirá de forma escalonada: el 31 de julio de 2026 para un primer grupo de empresas y el 29 de septiembre de 2026 para el resto. Paralelamente, la Administración ha instruido a los departamentos de Comercio y Salud a intensificar las negociaciones con la industria para cerrar acuerdos que permitan reducir la exposición arancelaria. El Ejecutivo deberá recibir una actualización del estado de estas conversaciones en un plazo de 90 días.
La decisión se fundamenta en una investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que concluye que el actual nivel de importaciones de medicamentos patentados y API supone un riesgo para la seguridad nacional. El informe destaca la elevada dependencia exterior del mercado estadounidense: en 2025, el 53% de los medicamentos patentados distribuidos en el país se produjeron fuera de sus fronteras y solo el 15% de los API patentados se fabricaron a nivel doméstico.
La proclamación introduce además un tratamiento diferenciado por socios comerciales. Las importaciones procedentes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Suiza estarán sujetas a un arancel del 15%, mientras que el Reino Unido partirá de un 10%, con posibilidad de reducción en función de futuros acuerdos bilaterales en materia farmacéutica.
Asimismo, se contemplan exenciones para determinadas categorías de alto valor terapéutico, como medicamentos huérfanos, terapias avanzadas o productos considerados críticos para la salud pública o la seguridad.
Los medicamentos genéricos y sus ingredientes quedan, por el momento, fuera del ámbito de aplicación de estas medidas. La iniciativa refuerza el uso de la política comercial como herramienta de presión regulatoria sobre la industria farmacéutica, combinando incentivos a la producción local con mecanismos dirigidos a influir en la política de precios en el mercado estadounidense.
La escalada arancelaria
La principal arma de Trump ha sido la amenaza de aranceles, que ha ido escalando progresivamente. En agosto de 2025, se confirmó un pacto con la Unión Europea para establecer un arancel único del 15% a los productos farmacéuticos, excluyendo los genéricos, al ser considerados un «bien estratégico». Esta medida rompió un compromiso histórico de 30 años para mantener los medicamentos libres de aranceles, protegiendo así a los pacientes. Las patronales europeas, EFPIA y españolas, Farmaindustria, advirtieron inmediatamente de las nefastas consecuencias: una amenaza a las cadenas de suministro globales, un obstáculo a la innovación y un riesgo para el acceso de los pacientes a nuevos tratamientos. Farmaindustria estima que el coste de estos aranceles sobre las exportaciones farmacéuticas a EEUU para las compañías en Europa asciende a unos 18.000 millones de euros, afectando directamente a la inversión en I+D. El 24% de los insumos importados para la fabricación de medicamentos en Europa provienen de EEUU.
Poco después, la administración Trump subió la apuesta, amenazando con aranceles de entre el 200% y el 250% a las importaciones de medicamentos, aunque con un periodo de gracia de 12 a 18 meses antes de su entrada en vigor. Pero la amenaza más contundente llegó a finales de septiembre: a partir del 1 de octubre, Trump anunció que impondría un arancel del 100% a cualquier medicamento de marca o patentado que no se fabrique en EEUU, aunque no se han conocido más detalles. La única exención será para aquellas compañías que ya hayan iniciado la construcción de plantas en territorio americano.
A finales de febrero, la Corte Suprema de EEUU falló que los aranceles impuestos por Trump a otros países son ilegales según la legislación estadounidense. La decisión se basaba en que el presidente utilizó una ley reservada para emergencias nacionales para aumentar los aranceles a decenas de países. La Casa Blanca había argumentado que la Ley de 1977 de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) facultaba al presidente para hacerlo. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que esa interpretación no era correcta y que, al aplicarla, el Ejecutivo estaba invadiendo competencias del Congreso. En paralelo, el Parlamento Europeo suspendió la aprobación del acuerdo comercial con EEUU firmado en agosto de establecer un arancel único del 15 % para las mercancías de la UE.
Tras conocerse la sentencia, Trump firmó una Proclamación imponiendo un arancel temporal del 10% sobre ciertos productos importados a EEUU. Aunque cambió de opinión y anunció en su red social Truth que elevaba este arancel al 15%, de momento ha entrado en vigor el del 10% con una duración de 150 días. Según la Casa Blanca, «la medida forma parte de un esfuerzo para corregir problemas fundamentales de pagos internacionales y fortalecer la producción nacional».
No obstante, incluía excepciones estratégicas vinculadas a las necesidades de la economía estadounidense y para garantizar que el arancel aborde de manera efectiva los problemas fundamentales de pagos internacionales que enfrenta el país. Entre los bienes que no estarían sujetos al arancel se encuentran los productos farmacéuticos y los ingredientes farmacéuticos (insumos).
Poco después de aquello, el Parlamento Europeo aprobó las directrices que deberán cumplirse para respaldar el acuerdo comercial pactado con EEUU en agosto de 2025. Este acuerdo establece un límite del 15% en los aranceles para la gran mayoría de las exportaciones de la UE, incluyendo sectores estratégicos como el automóvil, los medicamentos, los semiconductores y la madera.
Aunque la Eurocámara ha apoyado el pacto, ha exigido que incluya mecanismos de suspensión en caso de que EEUU imponga nuevos gravámenes o ejerza presión económica sobre los Estados miembro de la UE. Entre las condiciones aprobadas figura el refuerzo de la ‘cláusula de suspensión’, que permitirá a la Comisión Europea proponer la interrupción total o parcial del acuerdo si EEUU aplica aranceles adicionales que superen el límite del 15% acordado en agosto o introduce nuevas tasas sobre sectores que hasta ahora no estaban afectados. Esta medida busca garantizar que la UE pueda proteger sus intereses frente a cualquier medida económica de Washington.
Bajada de precios
Paralelamente a la guerra de aranceles, Trump ha lanzado una campaña directa para bajar los precios. El presidente firmó una orden ejecutiva que obligaba a las farmacéuticas a presentar, en 30 días, una propuesta para reducir los costes. El decreto instruye al Departamento de Salud a negociar nuevos precios y, si no hay acuerdo, aplicar una normativa para igualar los precios en EE.UU. con los más bajos de otros países desarrollados, invocando el mecanismo de «nación más favorecida«. Trump denunció que los estadounidenses estaban «subsidiando los medicamentos de otras naciones» y prometió reducciones de hasta el 90%.
Uno de los puntos álgidos de la polémica llegó en agosto, cuando Trump personalizó la presión enviando cartas a los CEOs de 17 de las mayores farmacéuticas del mundo exigiendo un «compromiso vinculante» para reducir los precios. El plazo para responder finalizaba el 29 de septiembre. «Lo único que aceptaré es un compromiso que alivia a las familias estadounidenses de los precios inflados», sentenció el presidente. Pero para el catedrático David Cantarero «exigir a 17 compañías que acepten unilateralmente una reducción de precios bajo amenaza de sanciones o aranceles plantea problemas jurídicos, éticos y económicos considerables«. Un día después de que se acabara el plazo, Trump anunció un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para rebajar los precios de muchos de sus fármacos, además de un sitio web para adquirir medicamentos con descuento, bautizado como TrumpRx.
Origen: Cronología de las amenazas de Trump a la industria farmacéutica
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