México: Suprema Corte ratifica resolución contra farmacéuticas multinacionales por prácticas monopólicas

México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles la legalidad de la resolución que emitió la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) desde 2010 contra las empresas farmacéuticas Baxter, Fresenius, Eli Lilly y Pisa por cometer prácticas monopólicas absolutas en licitaciones del IMSS para la compra de insulina, soluciones electrolíticas y sueros y que derivaron en un incremento de precios de entre 2.9 y hasta 57.6 por ciento, informó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El organismo antimonopolios precisó que dichas prácticas se cometieron en los procesos de licitación de dos grupos de medicamentos: insulina humana y también en soluciones electrolíticas y sueros (que incluyen agua inyectable, cloruro de sodio, cloruro de sodio y glucosa, glucosa y solución Hartmann).

La Cofece informó que la SCJN también le ordenó modificar o recalcular las multas por 151 millones 679 mil pesos en conjunto que en su momento impuso “a las empresas participantes en el cártel” para estimar el daño patrimonial que esta práctica ocasionó al IMSS.

“La Cofece realizó una evaluación Ex Post con base en las mejores prácticas internacionales, cuyos resultados sugieren que, en promedio, el IMSS pagó durante el periodo referido un sobreprecio de 2.9 por ciento en sus compras de sueros y de 57.6 por ciento en las de insulina humana, lo que equivale a alrededor de 622.7 millones de pesos (a precios de 2014). Estos recursos hubieran permitido al IMSS adquirir, por ejemplo, 727 ambulancias o 2 mil 168 incubadoras”, puntualizó.

Ponderó que la sentencia de la SCJN avala la investigación que hace constar la realización de las prácticas monopólicas y también refrenda la validez de los análisis económicos como prueba indirecta para detectar conductas anticompetitivas, “lo que constituye una herramienta de investigación de gran valor para la Comisión”.

Explicó que la colusión de las que la CFC, su organismo antecesor, acusó a las empresas mencionadas fue por establecer, concertar y coordinar posturas en licitaciones públicas con el objeto de repartirse los contratos concursados, lo cual se pudo detectar a través de un análisis económico respecto de los resultados de las licitaciones realizadas durante 2003 y 2006.

Con tales acciones hubo “un incremento artificial de los precios de la insulina y sueros” y la coordinación entre los competidores se vio favorecida por ciertas condiciones de mercado tales como la homogeneidad de los bienes licitados, la frecuencia de las convocatorias, la asignación de múltiples contratos, la descentralización de las adquisiciones y el intercambio de información entre las empresas involucradas.