Argentina: El mercado de medicamentos facturaría entre $ 40.000 y 50.000 millones anuales

La industria farmacéutica continúa reflejando un gran dinamismo por sus respuestas a los cambios y las orientaciones hacia las últimas tecnologías. Es altamente competitiva y globalizada y desarrolla nuevas drogas. Tuvo transformaciones y cambios organizacionales impulsados por los avances de la biología molecular, la nanotecnología, el estudio del ADN (ácido desoxirribonucleico, proteína que se encuentra en los núcleos de las células y es la principal componente del material genético de los seres vivos) y la química de las proteínas.

Los laboratorios encararon compras o fusiones para captar mayores proporciones del mercado interno (y hasta los de otros países), reducir los costos/riesgos y aumentar las escalas de las producciones. Además, se dedicaron a otros eslabones de la cadena de valor, como las distribuciones y las droguerías.

Habría alrededor de 250 laboratorios privados –el 60% nacionales–, de los cuales los 30 primeros captaron casi el 86% del mercado local. Facturarían, en total, aproximadamente 40.000 millones de pesos anuales, según la consultora IMS, pero otras firmas calcularon tal vez 50.000 millones y menos; 35.643,9 millones, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las empresas están agrupadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), a la que están asociados los internacionales; la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa); la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), en la que están las pequeñas y medianas cooperativas, y la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos (Capgen).

Los precios se incrementan por resoluciones de la Secretaría de Comercio de la Nación: en los primeros cinco meses del año se elevaron un 5,6%.

El 53% de los habitantes del país adquiría remedios sin recomendación médica, de acuerdo con una encuesta de la consultora Voices. Ésta reflejó que los analgésicos, los antigripales, los antiácidos y los laxantes eran generalmente “automedicados” (60% los primeros). Ocurría lo mismo con otros remedios que deberían expenderse sólo con recetas, como antibióticos, tranquilizantes y antidepresivos.

Carlos Tamiz, jefe del área de Toxicología del Hospital General de Agudos “Dr. J. A. Fernández”, de la Ciudad de Buenos Aires, advirtió el año pasado que los consumos de los analgésicos y ansiolíticos crecieron de “manera alarmante” y se convirtieron en “la segunda causa de intoxicación atendida en las guardias de los nosocomios”.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, por intermedio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, impulsó la evolución de la cadena productiva, que abarca desde las investigaciones básicas, los estudios preclínicos y clínicos hasta las fabricaciones de los fármacos y los insumos necesarios.

En tanto, el Ministerio de Salud de la Nación regula las actividades y brinda el marco legal y los mecanismos de gestiones y/o controles. Por su parte, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autoriza y registra las elaboraciones y las comercializaciones de especialidades, los productos para los diagnósticos, los alimentos y los productos médicos y de usos doméstico y cosmético. También fiscaliza los establecimientos que elaboran, importan, fraccionan y/o comercializan dichos productos y establece normas y especificaciones; verifica las composiciones, las calidades, las eficacias y las inocuidades de los mismos; autoriza, registra y fiscaliza las calidades de los alimentos, incluyendo los suplementos dietarios y los materiales en contacto con los alimentos. A su vez, el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) controla los medicamentos nacionales o importados y los laboratorios que los fabrican, importan y en ciertos casos distribuyen.

Con las reventas al mercado interno de remedios importados (listos para su consumo o que sólo requieren fraccionamientos), se trata de contribuir a captar del 85% al 90% de la facturación global y el 100% de los principales grupos de medicamentos para uso humano.

Las adquisiciones en el exterior del año pasado representaron 7.959,2 millones para el Indec y podrían incrementarse con autorizaciones de la Secretaría de Comercio de la Nación para que no aumenten los precios de los remedios. Esas operaciones se hacen principalmente de Alemania, Italia, Irlanda, Francia y Suiza.

Las exportaciones –2.118,3 millones para el Indec– se destinan al Mercosur y al resto de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, y a la Unión Europea.

Impulsada por Ginés González García, entonces ministro de Salud de la Nación, en el 2002 se sancionó “la ley de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico”. Exigió que los médicos indicaran los nombres de las drogas en todas sus recetas o prescripciones, que además debían figurar en los envases y los prospectos con las mismas dimensiones que las marcas. Los farmacéuticos autorizados por la autoridad competente eran los únicos responsables de vender esas especialidades, así como también para sustituirlas. La norma intentó “revertir la lógica comercial basada en la publicidad arbitraria de la industria”.

Desde el 2003, con la modificación de la ley de patentes, se buscó ampliar el derecho de los pacientes a elegir libremente los medicamentos y obligó a los laboratorios a producir en el país aquellos sobre los que se pretendieran patentes.

La ley 26567 del 2009 prohibió las ventas de medicamentos fuera de las farmacias, por lo que no se permitió hacerlas en quioscos y supermercados.

El Consejo Federal Legislativo de Salud (Cofelesa) aseguró que “si bien en sus fases productiva y comercial los medicamentos podrían ser considerados bienes privados, regidos por las normas de la propiedad intelectual, en sus accesos y usos por la población resultan, a todos los efectos, bienes públicos”.

El Consejo de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina (Cosspra) brega por “la reafirmación y el cumplimiento de los principios que impulsaron la sanción de la ley de genéricos”.

La Red Nacional de Laboratorios Públicos fue creada en el 2001, cuando se desencadenó la crisis que continuó en el 2002, para investigar nuevos productos con el respaldo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), pero recién el 29 de junio del 2011 se aprobó la ley 26688. Ésta declaró de interés nacional las investigaciones y las producciones públicas de medicamentos, materias primas, vacunas y productos específicos (PPM). La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) la declaró “política de Estado”, pese a lo cual el Ministerio de Salud de la Nación recién la reglamentó en el 2014.

Impulsó, asimismo, la articulación de los laboratorios públicos con las universidades y asignó al gobierno nacional la prioridad en las compras. Como antecedentes del “Programa de producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos”, figuraron: la ley de prescripciones por genéricos; el programa “Remediar” y la ampliación del “Programa Médico Obligatorio” (PMO), entre otros.

En el “Boletín Oficial” del gobierno nacional, a fines del año pasado, se oficializó la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), sancionada por la ley 27113, que nucleaba en ese momento a 39 de las provincias o los municipios. Fue impulsada por Carolina Gaillard, diputada nacional por el Frente para la Victoria de Entre Ríos, para que se conocieran las estructuras de costos de los remedios y el público pudiera consultarlos antes de comprar. Esto permitiría a la Anlap establecer valores de referencia.

Carlos Raimundi, diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro bonaerense, presentó un proyecto de ley para constituir el Consejo Nacional de Regulación del Mercado de Medicamentos. Subrayó “la necesidad de incrementar la producción pública”, de modo que el gobierno pudiera desplegar “su capacidad reguladora en un mercado cuyos agentes acumulan tasas de ganancias muy superiores a la media de la economía, afectando con esa desmesura las posibilidades de los sectores medios-bajos y de los más humildes”.

Expertos que consultó Raimundi señalaron que “las diferencias en los precios finales de las drogas de producción pública respecto de los elevados de las marcas comerciales no se justificaban por ninguna ley de técnica económica, sino por una estructura oligopólica dominada por los grandes laboratorios”.

Las brechas de los laboratorios públicos con los privados ascenderían mayormente al 1.000%, pero en algunos casos ascenderían al 6.000%. El costo más importante lo ocasionarían las investigaciones y las patentes, pese a que el 90% de los medicamentos se vende con estas últimas vencidas.

Entidades profesionales y la Asociación Argentina de Propaganda Médica (AAPM) estimaron, en febrero del 2014, que 126.000 personas fueron hospitalizadas por año al automedicarse. Esto lo atribuyeron a la profusión de avisos publicitarios en los medios audiovisuales, estaciones de subtes y colectivos.

Otros países aplican legislaciones al respecto para no escapar del problema, como Estados Unidos (donde mueren más personas por abusos con analgésicos que por accidentes de tránsito), Brasil y Gran Bretaña.

Diputados nacionales de la agrupación La Cámpora presentaron un proyecto, en octubre del año pasado, para limitar “la publicidad, promoción y patrocinio de los medicamentos en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación”, aunque sí aceptaba la “publicidad institucional”.

Limitada a las farmacias quedaría la publicidad de los remedios de venta libre. Por otra parte, los laboratorios no podrían auspiciar “sociedades científicas”.

La Asociación Argentina de Propaganda Médica (AAPM) denunció ante la Anmat, en agosto del 2013, los aumentos de los avisos de productos de venta libre para enfermedades que aparecen en el invierno, con la utilización de figuras de la televisión.

Planteó que la publicidad y la promoción activa por los medios masivos de comunicación “aumentan las automedicaciones irresponsables y los usos irracionales”.

Por la resolución 1632 del Ministerio de Salud de la Nación, desde el 11 de marzo del 2014 las farmacias no podían vender golosinas, juguetes, pilas, galletitas y yerba, entre otros artículos. Sólo podían ofrecer medicamentos de venta libre y recetados; artículos de higiene o estética personal y productos con “propiedades profilácticas, desinfectantes, insecticidas u otras análogas”.

No obstante la prohibición, Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el decreto 98 (complementario del 41, de enero del citado año) permitió que las farmacias porteñas exhibieran, por ejemplo, golosinas y otros alimentos, libros y hasta discos.