Congresistas urgen a Obama a tomar medidas para frenar la escalada en los precios de medicamentos

La presión sobre los precios de los medicamentos en Estados Unidos arrecia. A diferencia de las políticas sanitarias, este asunto no es partidista. La idea de que el Congreso debe tomar parte en este debate se ha plasmado en la creación de un Task Force cuyo objetivo es conseguir una fijación de precios de medicamentos asequible. Sus 50 miembros (todos del Partido Demócrata) ya han mandado el primer mensaje. En una carta remitida a la secretaria federal de Salud, Sylvia Mathews, y al director del Instituto Nacional de Salud, Francis Collins, solicitan que la Administración Obama utilice todas las herramientas a su alcance. No dudan para ello en desempolvar un mecanismo previsto en la ley y no utilizado hasta ahora: la licencia obligatoria.

En 1980, la legislación conocida como ‘Acta Bayh-Dole’ estableció que las agencias federales que destinan parte de sus fondos a financiar investigaciones privadas pueden “retener” derechos de patente, incluyendo la posibilidad de requerir al titular que licencie en favor de terceros. La ley establece también las dos circunstancias excepcionales bajo las que tiene cabida este enfoque: aliviar necesidades de salud “que no están siendo satisfechas de manera razonable” o cuando los beneficios de la patente no estén siendo puestos a disposición del público “en términos razonables”.

A pesar de estar previsto en la ley, el Instituto Nacional de Salud no ha elaborado hasta la fecha ninguna guía oficial en relación a las situaciones en las que se pueden aplicar este mecanismo, que considera un “recurso extraordinario”.

Los 50 congresistas que componen el Task Force creen, no obstante, que el reto que plantean los precios en el sector farmacéutico responde a ese apelativo y encaja en las excepciones previstas en la ley, ya que estiman que a corto plazo muchos fármacos no estén disponibles al público “en términos razonables”.

Manejan para ello los datos de un reciente estudio, según el cual en 2013 el coste medio anual de los denominados ‘fármacos especiales’ (los empleados para enfermedades complejas como la hepatitis C, el cáncer o la esclerosis múltiple) fue 18 veces mayor que el coste medio anual de los fármacos de marca y 189 veces mayor que el de los genéricos. Las previsiones para 2020 indican que los ‘fármacos especiales’ supondrán solo un 2 por ciento de todas las prescripciones pero un 30 por ciento del gasto farmacéutico, una tendencia que podría obligar a futuros recortes en los programas públicos Medicare y Medicaid.

Estos datos vienen además alentados por los resultados de la última encuesta llevada a cabo por la Kaiser Family Foundation, que revela que los precios de los medicamentos son la primera preocupación en materia de salud para el 77 por ciento de los consultados, con independencia de su perfil político (ya sea demócrata, republicano o independiente).

A la espera de una respuesta oficial a la propuesta, los congresistas se muestran convencidos de la necesidad de cambiar la tradición. No es la primera vez que el Instituto Nacional de Salud recibe esta petición y la declina, recordando que el control del precio de los medicamentos es un asunto legislativo. Pero esta situación cambió, recuerdan, cuando el Congreso delegó en las agencias federales parte de la responsabilidad en estas cuestiones. “El fracaso a la hora de actuar en el pasado ha enviado una señal desafortunada de que los precios para invenciones financiadas con fondos federales pueden ser tan elevados como el consumidor esté dispuesto a pagar”, señala la carta.

Mientras que algunos expertos creen que un cuarto de los medicamentos considerados prioritarios por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos podría ser objeto de licencias obligatorias, los congresistas creen que el simple anuncio de unas “guías razonables” al respecto podría influir de manera positiva en los precios fijados por la industria farmacéutica, ya que permitiría a las compañías adoptar unas decisiones sobre los precios “mejor informadas”. Su objetivo es reforzar el acceso a las innovaciones, no dinamitar la innovación. “Queremos ofrecer a la industria farmacéutica la certeza de unas guías claras que indiquen cuándo se aplicarán estos supuestos. Porque estos derechos sólo se aplicarían ante casos de malas prácticas. La innovación no debería verse amenazada”, finaliza la carta.