En un país donde faltan medicinas
Por: Ronald Balza Guanipa.- En un país donde faltan medicinas, distinguir entre crisis económica, política y social puede ser confuso. Incluso inapropiado. El gobierno atribuye la escasez a la “guerra económica”, y le da una causa “política” a cada una de las tragedias que viven los enfermos y sus familias en Venezuela. Impone un estado de excepción durante cuatro meses, se reserva la información que debe ser pública, elige arbitrariamente el destino de recursos públicos, decide arbitrariamente a cuales empresas privadas asignar divisas, establece sanciones de cárcel para quienes no incurran en delitos que arbitrariamente define pero, al terminar el estado de excepción, tampoco hay medicinas y la amenaza de una hiperinflación con sus efectos devastadores es cada día más temible.
Para el gobierno sólo hay problemas sociales y económicos porque hay un único problema político: una oposición apátrida apoyada por un imperio extranjero. Y a medida que los días transcurren y el sufrimiento se multiplica, el gobierno se aferra a su única explicación y no hace nada más. La crisis que suele asociarse a “lo social” es cada día más una de dolor, físico y emocional. Dolores individuales que se sufren en presencia de otros, o en la soledad. No puede el gobierno insistir en que ha pagado o está pagando una deuda “social”, tras 17 años en el poder e ingresos petroleros exorbitantes (como reza una de sus leyes). Sin embargo, muy de vez en cuando, el gobierno reconoce retrasos en decisiones relacionadas con la crisis “económica”: anuncia nuevo régimen cambiario, incrementa el precio de la gasolina, advierte ajustes de precios controlados. E insiste en su explicación “política” para justificar sus fracasos.
Por otro lado, la oposición coloca las esperanzas de sus partidarios en remover al Presidente de la República por vías constitucionales, encontrando la resistencia del resto de los poderes públicos. Las medicinas, se afirma, no podrían aparecer sin un cambio de modelo. Pero el nuevo modelo no se ha descrito suficientemente, y asociarlo exclusivamente con un cambio de presidente genera las condiciones para frustraciones futuras. El agravamiento acelerado de la economía venezolana hace todavía más peligroso no disponer desde hace meses de una explicación política de su deterioro. Detenerse en sus efectos no permite explicar medidas para atenuar sus causas. Ni expone con suficiente antelación la urgencia de comenzar a tomarlas y el tiempo que hará falta en el futuro para aliviar los dolores de hoy.
El Presupuesto de la Nación para 2017 es una nueva oportunidad política para comenzar a resolver eso que tantos llaman crisis económica y social. En él deberían apuntarse todos los gastos e ingresos públicos, eliminándose las filtraciones hacia PDVSA, BCV y los fondos parafiscales que impiden una visión consolidada del asunto. En él deberían reconocerse un nuevo y predecible régimen cambiario; un crecimiento nulo o negativo del PIB real; una alta tasa de inflación (que incluya significativos incrementos de precios máximos); reorganización de gastos que permitan sustanciales incrementos nominales en salarios y transferencias; y mayores precios de los combustibles que permitan a PDVSA hacer mayores pagos de impuestos, entre otras cosas. El Presupuesto debe presentarlo el Ejecutivo y aprobarlo, o no, la Asamblea Nacional. Este sería el primer paso para atenuar las crisis económica y social. La crisis política consiste en no poder darlo.
