Desregulación: rentabilidad farmacéutica récord, con menos acceso a medicamentos y más tratamientos interrumpidos
Por Eugenia Rodriguez
Mientras las farmacéuticas logran una facturación récord por la suba de precios, el consumo de medicamentos por parte de la población sigue por debajo de los niveles del 2023. De acuerdo con información oficial, las empresas del sector alcanzaron la facturación más alta de la serie actual ($2,3 billones; +74% interanual en 1T2025) sin embargo, el consumo de medicamentos apenas creció 2,5% y no logra revertir la caída contra 2023 (-6,7%), con especial impacto en jubilados tras los recortes al PAMI.
Los datos ponen sobre la mesa el costo que la desregulación económica impulsada por el gobierno de Javier Milei tiene en los precios y en el acceso a bienes esenciales. “Desde el cambio de gestión las dos curvas -facturación de las farmacéuticas y consumo de medicamentos- se desvincularon, es decir que, el aumento de la facturación no responde a un aumento de los medicamentos consumidos”, señaló un informe privado al que accedió este medio.
A su vez, al derrumbe en la venta de medicamentos empujada también por la baja del poder adquisitivo, se suma que cada vez más tratamientos en salud se interrumpen por razones económicas: se relevaron 1800 expedientes de solicitud de medicamentos sin resolución y 60 muertes por la interrupción de tratamientos oncológicos. Asimismo, los tratamientos para VIH tuvieron un recorte del 47% en su presupuesto y fue nulo lo que se destinó a insumos para la prevención de embarazos. Mientras tanto la salud que se pierde no se recupera y la imposibilidad de acceder a dichos medicamentos implica un riesgo real de daño para la población.
Desregular la salud
El costo de la desregulación económica se siente en los bienes y servicios esenciales y, por ende, en la vida cotidiana de la población. Un caso concreto es el de la industria farmacéutica que evidencia una facturación récord, aunque la venta de medicamentos apenas se recupera de la crisis del 2024 y sigue abajo de los niveles del 2023.
En ese sentido, el Gobierno de Javier Milei abandonó la política de regulación de precios que implicaba acuerdos sectoriales clave, a la par que fue implementando diversas desregulaciones como autorizar a las farmacias para la venta online y la entrega de medicamentos en domicilio, habilitar la venta en kioscos y supermercados (suspendida en abril de 2025 por una medida cautelar), a lo que se suman despidos masivos en áreas clave vinculadas a vacunas, asistencia y provisión de medicamentos; y recortes en la entrega de insumos médicos. Este escenario, dio lugar a un ritmo de aumentos por encima de la inflación pero, sobre todo, por encima de los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y de los haberes jubilatorios.
En tal esquema mientras la facturación de las farmacéuticas alcanzó su pico desde la serie actual del Indec (2016) el consumo de medicamentos prácticamente no aumentó: “desde el cambio de gestión las dos curvas -facturación de las farmacéuticas y consumo de medicamentos- se desvinculan: el aumento de la facturación no responde a un aumento de los medicamentos consumidos”, explicaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG).
Según los últimos datos oficiales, en el primer trimestre del 2025, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina se ubicó en 2.300.931 millones de pesos, lo que representa un incremento de 74,3% en relación con el mismo trimestre de 2024. El crecimiento general se desglosa en un aumento del 65,4% en la facturación de producción nacional y por un mayor incremento -93,6%- en la reventa local de productos importados. En contraste, la venta de medicamentos al público no logra recuperarse: “Si bien creció contra 2024 (+2,5%) año en el que las ventas habían caído 7,8% (se vendieron 61 millones de unidades menos) sigue en niveles bajos y en el primer trimestre del 2025 se ubicó 6,7% por debajo de igual lapso del 2023)”, señalaron desde el centro de estudios. Ello coincide con el último informe publicado por la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) donde se señaló que las farmacias acumulaban, a febrero, cuatro meses consecutivos de caídas en los despachos de medicamentos tanto de aquellos con recetas (-10% vs. dic/24) como los de venta libre (-6% vs. dic/24).
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De esta manera desde el IAG evaluaron que “el inicio de la era Milei y el auge de la desregulación económica, trajo como consecuencia una fenomenal aceleración de los precios, con un impacto altamente negativo en el rubro de medicamentos”.
En sintonía, los últimos datos de consumo de la consultora Scentia indicaron que el canal “Farmacia” creció en lo que va del año (+6,7%) mientras que los medicamentos se contrajeron (-0,4% acumulado). A su vez, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las ventas en farmacia tuvieron bajas en 4 de los 6 primeros meses del año, y si bien muestran incrementos respecto de 2024 (cuando habían registrado caídas en once meses del año), los comerciantes sostienen que sufren el impacto de “de variables económicas, como aumento de costos operativos, suba de insumos e impuestos, y una marcada caída del poder adquisitivo, en particular entre jubilados”. En junio la situación repuntó parcialmente por “factores estacionales vinculados al invierno, como el aumento de enfermedades respiratorias y la consecuente mayor demanda de medicamentos”.
Este fenómeno coincide con la caída del poder adquisitivo del salario: los datos de INDEC difundidos esta semana evidencian que, en mayo, tanto el sector privado registrado como el público se ubicaron detrás de noviembre de 2023 (-0,7% y -14%, en cada caso).
Por otro lado, cada vez más tratamientos en salud se interrumpen por razones económicas. Según un informe presentado este mes por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se relevaron 1800 expedientes de solicitud de medicamentos sin resolución y 60 muertes reportadas por la interrupción de tratamientos oncológicos. De igual manera, los tratamientos para VIH tuvieron un recorte del 47% en su presupuesto y fue nulo lo que se destinó a insumos para la prevención de embarazos.
Otro ejemplo concreto es lo que sucede los tratamientos para el cáncer. Se trata de la segunda causa de muerte en Argentina y el Instituto Nacional del Cáncer (INC) era el encargado de garantizar políticas de prevención, tratamiento e investigación. Sin embargo, en enero de este año el gobierno libertario decidió despedir a 57 personas que trabajaban allí, luego se informó la suspensión de la compra de opioides (morfina y metadona) y finalmente se anunció el cierre del INC y su reconversión a dirección nacional, en la órbita del Ministerio de Salud. A las 120 personas que todavía estaban trabajando se les informó que serían reubicadas sin garantías de continuidad en sus tareas.
“Las políticas de gobierno desde 2024 implicaron convertir los medicamentos en mercancías de libre mercado: liberación precios, eliminación de acuerdos con laboratorios y habilitación de venta en kioscos y supermercados (suspendida). A eso se suman despidos masivos en áreas clave vinculadas a vacunas, asistencia y provisión de medicamentos; y recortes en la entrega de insumos médicos, afectando especialmente a personas con cáncer, VIH u otras condiciones o enfermedades graves”, detallaron desde el CELS y remarcaron que “el efecto es devastador para quienes dependen del sistema público: personas empobrecidas y enfermas quedan sin tratamiento por decisiones políticas”.
Crítica situación para jubilados
Este contexto es particularmente difícil para las y los jubilados, producto de los recortes que la administración de La Libertad Avanza impuso a la cobertura de medicamentos del PAMI: se redujo el acceso a medicamentos esenciales para adultos mayores, con aumentos de precios muy por encima de la inflación y del poder adquisitivo de los afiliados, y se avanzó también en un recorte en la cantidad de medicamentos incluidos en el vademécum, restringiendo las condiciones de acceso.
Según el centro de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) los medicamentos para jubilados tuvieron un incremento interanual que superó en 124 puntos a la suba del conjunto de medicamentos, a marzo de este año. Por su parte, el centro CEPA estimó que desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada de 237% (a abril 2025). En sintonía, desde la Fundación Soberanía Sanitaria indicaron que “a partir de las medidas implementadas en el PAMI, el impacto de los precios es de hasta el 1.001% en el bolsillo de los jubilados, lo cual resulta superior al aumento del IPC como al aumento de los haberes jubilatorios”.
Al respecto, cada vez más jubilados tienen que salir a trabajar. La tasa de actividad de los adultos mayores llegó a un pico histórico desde que asumió Milei: 16,6% de las personas de 66 años o más trabajan o buscan trabajo (solo se había acercado a un número semejante en el último trimestre del 2019). Así, de los 78.500 nuevos ocupados en el último año, unos 42.000 son jubilados. Esto se vincula con el impacto directo del recorte del gasto público en jubilaciones, la desregulación de precios y el desmantelamiento de organismos, sobre las y los adultos mayores y ocurre en una coyuntura donde la canasta básica para adultos mayores supera los 1.200.000 pesos contra un haber mínimo que apenas se ubica en 314.000 pesos (el bono de 70.000 pesos está congelado desde marzo 2024) lo que hace que cada vez más sea más difícil afrontar la suba de alimentos, de medicamentos y de vivienda, al punto de que siete de cada diez jubilados argentinos tienen ingresos insuficientes para subsistir.
Por último, la intervención estatal es clave para garantizar el acceso equitativo a la salud. Sin regulación de precios ni cobertura adecuada, los jubilados quedan en una situación de vulnerabilidad extrema y los efectos de la pérdida de salud impactan en todos los ámbitos de la vida.
