Argentina: El Congreso debe rechazar el Acuerdo MERCOSUR-UE

Ningún desarrollismo puede aprobar este tratado.

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas y de mujeres de Argentina declaramos nuestra firme oposición a la aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Congreso Nacional. Este acuerdo profundiza la asimetría estructural entre bloques y condena a nuestro país a un modelo extractivista que solo beneficia a las corporaciones europeas y a las élites agroexportadoras locales, socavando la posibilidad de un desarrollo soberano y sustentable de nuestro país así como el cumplimiento de las necesidades y derechos de la inmensa mayoría de nuestra población.
Entre 2019 y 2024, mientras el acuerdo se reabrió a negociación y se incorporaron ajustes menores, ningún cambio benefició a la ciudadanía argentina. La Unión Europea busca asegurar sus cadenas de suministro en el contexto de crisis del orden liberal, relegándonos al rol de proveedores de alimentos, energía y minerales críticos, sin transferencia tecnológica ni desarrollo industrial.
Aprobar este acuerdo puede entenderse como una sentencia de muerte al Mercosur: destruye los pilares que lo sostuvieron —el Acuerdo Automotriz y el Arancel Externo Común— y consagra la fragmentación del bloque en función de intereses que nada tienen que ver con la integración sudamericana ni con el desarrollo de Argentina.

Diez razones para rechazar el Acuerdo Mercosur-UE:

1.Es industricida
Este acuerdo destruye la estructura productiva del Mercosur. Liberaliza completamente el sector automotriz en 10 años, desmantelando el Acuerdo Automotriz y el Arancel Externo Común que constituyen el corazón mismo del Mercosur. Los sectores industriales sensibles —automotriz, metalmecánica, química, farmacéutica— quedarán expuestos a competir con empresas europeas que operan con mayor escala, productividad, financiamiento y subsidios públicos masivos.

2. Destruye puestos de trabajo
En 2017, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) estimó que se perderían cerca de 180.000 puestos de trabajo industriales por este acuerdo. Estos empleos no se recuperarán jamás. La desindustrialización que promueve el tratado condena a miles de familias trabajadoras al desempleo estructural y la precarización permanente.

3. Aniquila a las PyMEs
El acuerdo plantea la apertura total desde el día uno para sectores como calzado, marroquinería, muebles, sector lácteo, aceite de oliva y frutas enlatadas. Las pequeñas y medianas empresas, que no pueden competir con la escala y los subsidios de las corporaciones europeas, desaparecerán. Esto significa el cierre de fábricas en todo el país, la destrucción de economías regionales y la concentración de la producción en grandes grupos económicos. Esto no es una especulación: ya ha sucedido con otros acuerdos comerciales que firmó la UE, como con Colombia, donde el sector lácteo campesino fue destruido por la competencia de las grandes corporaciones lácteas europeas.

4. Restringe el espacio para la política estatal
El tratado incorpora disciplinas en servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, normas técnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias. Esta arquitectura jurídica reduce el espacio disponible para impulsar industrialización, desarrollo tecnológico y regulaciones ambientales o sanitarias más exigentes. Cualquier política de desarrollo puede ser interpretada por la contraparte como alteración de las condiciones del acuerdo, atando las manos del Estado para regular en favor del interés público.

5. Impide que las compras públicas sean parte de una política de desarrolloAunque Brasil logró negociar ciertas excepciones durante la renegociación de 2024 —como la exclusión del sistema nacional de salud (SUS) y umbrales más altos—, el acuerdo mantiene obligaciones de trato nacional para proveedores europeos en compras públicas que limitarán significativamente el uso de las licitaciones del Estado como herramienta para fortalecer la industria nacional, generar empleo y promover el desarrollo tecnológico. El resto del Mercosur, incluyendo Argentina, quedó con menores márgenes de maniobra. El poder de compra del Estado, que debería servir para impulsar capacidades productivas locales, quedará comprometido frente a la competencia de empresas europeas con mayor escala y financiamiento.

6. Profundiza la reprimarización económica
Los únicos sectores beneficiados son los agroexportadores de carne vacuna, que esperan ansiosos la ampliación de la cuota europea. Este acuerdo consolida un modelo donde Argentina exporta commodities sin valor agregado mientras importa bienes industriales, perpetuando nuestra dependencia y vulnerabilidad externa. No genera encadenamientos productivos, no crea empleo de calidad, no transfiere tecnología.

7. Ataca aún más a las mujeresEl impacto diferencial de género es evidente: la destrucción del empleo industrial afecta especialmente a trabajadoras en sectores vulnerables. La apertura de servicios y las restricciones en propiedad intelectual impactan directamente sobre servicios públicos y acceso a medicamentos, sectores donde las mujeres son usuarias principales y trabajadoras mayoritarias. La precarización laboral y el desmantelamiento de capacidades estatales recae desproporcionadamente sobre las mujeres, que sostienen los cuidados cuando el Estado se retira.

8. Entrega la propiedad intelectual
El capítulo de propiedad intelectual establece compromisos que van más allá de la OMC, creando barreras adicionales para el acceso a medicamentos, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento. Estas normas protegen las rentas monopólicas de las corporaciones farmacéuticas y tecnológicas europeas, encarecen los medicamentos y dificultan el desarrollo de capacidades locales de innovación.

9. Profundiza la dependencia, el extractivismo y la crisis climática
El acuerdo consolida a Argentina como país dependiente, proveedor de materias primas sin valor agregado para satisfacer la demanda europea de alimentos, energía y minerales críticos para su transición energética. Quedamos así atrapados en un modelo extractivista que impide el desarrollo de una economía estable y diversificada y expande la frontera agrícola-minera-hidrocarburífera bajo control externo. Profundiza el monocultivo, multiplica los impactos nocivos en la salud por el uso de agroquímicos, acelera la deforestación y las amenazas a nuestra agua. Los compromisos ambientales del acuerdo son declarativos y no vinculantes: no hay mecanismos efectivos de sanción si se violan. Europa importará commodities baratos sin asumir responsabilidad por el impacto ambiental de su producción, mientras nosotros cargaremos con la degradación social y territorial, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias del colapso climático.

10. Es opaco y antidemocrático
Fue negociado sin mostrar estudios de impacto desde la Cancillería. El Congreso argentino está siendo presionado para votar sin contar con datos oficiales sobre los impactos esperados en empleo, industria, ingresos fiscales, balanza comercial y derechos sociales y ambientales. Esta opacidad no es accidental: es funcional a un acuerdo que no resiste el escrutinio público, no ha permitido el conocimiento, debate y participación popular ni puede justificarse ante la ciudadanía.

Llamamos a las y los diputados y senadores del Congreso de la Nación a rechazar este acuerdo. No hay desarrollo posible cuando se destruye la industria, se precariza el empleo y se subordina la libertad y la soberanía a los intereses extranjeros y las élites agroexportadoras locales. Este tratado no es técnico ni neutral: es una decisión política que define el futuro de nuestro país. Rechazarlo es defender el derecho al trabajo, a la industria nacional, a la soberanía alimentaria y a la posibilidad misma de construir un proyecto de desarrollo autónomo. El Congreso debe votar contra el Acuerdo Mercosur-UE, así como también lo ha hecho el Parlamento Europeo por motivos propios.