Por: Edurne Prado
En la época imperialista que nos atraviesa, cuando los gobiernos priorizan repartirse el mundo mientras desfinancian los sistemas de salud, y el modo de producción capitalista explota los cuerpos de la clase trabajadora mundial y destruye nuestro planeta para aumentar los recursos de las grandes empresas, se hace más necesario que nunca pensar la salud desde un enfoque marxista, dialéctico y anticapitalista. Los problemas de salud cada vez más agravados y acelerados son una de las muchas expresiones del modelo social y económico en el que vivimos.
Son muchos los escándalos en cuanto a salud pública que han surgido los últimos meses en el Estado Español. Es algo inevitable que enmascara un modelo de salud basado en políticas de mercado y que es insostenible para la salud de la mayoría social. Los cribados de cáncer de mama en Andalucía, el escándalo privatizador en el Hospital de Torrejón… demuestran que este sistema no da más, y que el desmantelamiento de los servicios públicos y los ataques neoliberales a la sanidad tienen consecuencias. Todo ello nos plantea reflexionar en profundidad sobre el futuro de la salud de la clase trabajadora, cuestionando hasta el final el modelo de los sistemas de salud en los marcos capitalistas, y plantearnos qué tipo de sanidad queremos construir.
Por ese motivo queremos impulsar una serie de elaboraciones sobre “salud y capitalismo” desde una perspectiva socialista que aborden nuestra lectura del campo de la salud, partiendo de la denuncia al sistema capitalista que nos enferma.
Los laboratorios facturan millones mientras la sanidad se desangra
Hace poco, el periódico Público ha sacado a la luz un listado de los grupos empresariales de la industria farmacéutica que más suministran al Sistema Nacional de Salud. Público ha desvelado esta información a pesar de la negativa del Ministerio, que finalmente cedió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, evitando así los tribunales.
Veamos un ejemplo más concreto: el laboratorio Grifols, especializado en derivados sanguíneos, suma 279,12 millones. Sus ingresos hasta el pasado septiembre sumaron 5.542 millones de euros y su beneficio se elevó hasta los 304 millones. Entre sus ofertas, las Inmunoglobulinas representan entre el 55% y el 60% de sus ingresos. Las inmunoglobulinas son anticuerpos (defensas) obtenidos a partir de plasma humano y purificados industrialmente para usarse como tratamiento médico. Son medicamentos esenciales para personas con inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes y trastornos neurológicos, donde pueden suponer la diferencia entre una vida normal y complicaciones graves.
Que sean obtenidos a partir de plasma humano es el motivo por el cual Grifols obtiene su materia prima de Estados Unidos, a pesar de ser una empresa española. Grifols, a través de sus centros en EE.UU., paga por las donaciones de plasma. Un donante puede recibir hasta 125 dólares por donación, y hasta 580 dólares al mes. Muchos países (incluyendo España) dependen del plasma donado en EE.UU. para fabricar hemoderivados como inmunoglobulinas. Además, las inmunoglobulinas son fundamentales para muchas enfermedades y su uso está aumentando, lo que da poder de fijación de precio. Por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre tiene un contrato con este laboratorio por valor de 3,23 millones de euros en 1 año. El sistema de salud depende de estas inmunoglobulinas tan costosas. Si Grifols sube precio o si hay escasez, el impacto es enorme para hospitales, pacientes y presupuestos públicos.
Recordemos que no estamos hablando de un producto de lujo, sino de un medicamento esencial, cuya distribución y precio depende actualmente de lógicas de mercado.
Pero, ¿realmente a la empresa Grifols le cuesta tanto dinero producir y distribuir las inmunoglobulinas? ¿Por qué cuestan tanto dinero? Esta misma pregunta nos la podríamos hacer sobre cualquier otro laboratorio farmacéutico, que infla los precios para sacar el máximo beneficio, a pesar de tratarse de medicamentos esenciales. Si vemos el margen bruto de Grifols (un indicador financiero que mide qué porcentaje de beneficios le queda a una empresa después de pagar solamente los costes directos de producción) es del 39%. Mientras la sanidad pública se desangra y sus trabajadoras son cada vez más precarias, las farmacéuticas siguen haciendo negocios millonarios a su costa y la de todos los pacientes. Los diferentes gobiernos, incluidos los autodenominados progresistas como es el caso del Estado Español, atacan la sanidad pública desfinanciando y privatizando, y permiten que los intereses del monopolio de las farmacéuticas primen por encima del bienestar social.
Este es un ejemplo más dentro de un océano de políticas mafiosas y criminales que las farmacéuticas ejercen en el sistema capitalista, mientras los Gobiernos las respaldan y blindan. El neoliberalismo lleva las políticas de mercado incluso hasta la industria de la que depende gran parte de nuestra salud. La crueldad de la industria farmacéutica no hace más que desnudar el carácter irracional del sistema y la prepotencia de los grandes laboratorios, que son socios de una alianza contra la salud de la inmensa mayoría de la humanidad.
El negocio criminal de las patentes
Está claro que el capitalismo usa el marco de la legalidad burguesa para sus propios intereses. De esto no quedan exentas las farmacéuticas, que utilizan las leyes de patentes para maximizar los beneficios a expensas del bienestar público. Pero, ¿qué son las patentes? Las patentes son títulos de propiedad privada sobre conocimientos, técnicas o procedimientos que podrían ser socialmente reproducibles pero que, sin embargo, permiten que estos estén en manos de una o varias empresas, laboratorios… Esto permite generar monopolios sobre avances científicos. Así, las patentes permiten mantener los altos precios de los medicamentos antes de que salgan al mercado genéricos más baratos. Es decir, la industria farmacéutica, que en el capitalismo se construye sobre la base de las patentes, trata de disuadir la entrada de un producto competidor, y así establecen precios insostenibles. Los laboratorios utilizan y manipulan el derecho de patentes para obtener mejores resultados económicos, e incluso en muchos casos para manipular la investigación farmacéutica. Por ejemplo, otro caso de manipulación capitalista es el “evergreening”: ampliar la vida de protección de las patentes mediante obtención de nuevas patentes para versiones ligeramente modificadas de un medicamento.
El objetivo del sistema de patentes es beneficiar a un puñado de empresas, pero las consecuencias van mucho más allá. Por un lado, la no socialización de los avances científicos supone un obstáculo objetivo en el progreso para el conjunto de la sociedad. Y por otro, la naturaleza lucrativa del sistema de patentes incentiva a las empresas a focalizarse en producir o investigar medicamentos de administración frecuente, como los paliativos o medicamentos para aliviar síntomas, en lugar de los preventivos o curativos. Esto lo vemos a mayor escala en el sistema sanitario, no sólo hablando de fármacos, sino en la totalidad de la atención. Prevenir la enfermedad no es un negocio rentable. Esto demuestra que pensar la sanidad en términos de mercado obstaculiza los avances en salud pública. ¿Realmente es posible un sistema sanitario cuyo principal interés sea proteger la vida y la salud, dentro del marco capitalista?
Muchos análisis críticos con la industria consideran negativas las patentes para la distribución igualitaria de los medicamentos a nivel mundial, ya que elevar los costos a ese nivel impide el acceso de las poblaciones pobres. Sin embargo, este análisis un tanto escueto, aunque es acertado, no profundiza en lo irracional de la “propiedad intelectual” que tanto defienden las farmacéuticas, ni en los límites de la propiedad privada de estos grandes monopolios. Incluso si contemplamos el impacto en países más ricos, que invierten grandes cantidades de fondos públicos en el financiamiento de fármacos, es descabellado y le da un enorme poder a empresas privadas que controlan el mercado.
La crueldad a la que puede llegar la industria farmacéutica a costa de vidas humanas con tal de ganar unos millones más la vimos durante la pandemia del COVID. En lugar de aunar conocimientos y recursos para desarrollar los mejores tratamientos y medidas preventivas, las empresas compiten entre sí. Mientras una crisis sanitaria mundial provocaba el colapso de todos los sistemas sanitarios y se cobraba con la muerte de millones de personas, los multimillonarios y gigantes farmacéuticas siguen planificando la mejor estrategia para aumentar sus beneficios. Es el caso de AstraZeneca, que tras aportar un 3% del coste de la investigación para la vacuna (Reino Unido y la Unión Europea aportaron 80 millones de euros de fondos públicos, mientras la empresa aportó apenas 4 millones) actualmente cuenta en su propiedad con la patente y hace negocio de ello. También así podemos entender la distribución desigual de vacunas en el mundo: la ambición sin límites de las farmacéuticas llevan a que los laboratorios firmen contratos con países que pueden permitirse pagarlas, y así logran fortunas millonarias. Esto tiene un nombre: especulación a expensas de la salud pública mundial.
Estructurada sobre la permanente búsqueda de ganancia, la racionalidad capitalista remite, casi necesariamente, al desprecio por la vida. Hace ya mucho tiempo que Karl Marx escribió que “el capitalismo es el primer modo de producción de la historia en haber convertido al progreso histórico en prisionero”. Marx estaba en lo cierto hasta el punto de que ahora vemos que las grandes multinacionales farmacéuticas imponen sus intereses, rechazando así hacer universal y público un conocimiento que podría haber evitado decenas de miles de muertes. El avance de la ciencia y la técnica, orientado hacia el lucro, se contrapone a la salud y la vida de la inmensa mayoría de la población mundial. El derecho a la propiedad privada se opone al derecho a la existencia. Y ante esto, el Estado, fiel a su naturaleza capitalista, funciona como garante y socio activo de esa continuidad histórica. La casta política que gestiona el estado asegura la primacía del interés burgués sobre la vida y la salud de miles de millones. Esa irracionalidad del capital es avalada y sostenida por el Estado.
Existen infinidad de ejemplos más. Gilead Sciences manipuló las leyes de patentes para ampliar la vida de uno de sus medicamentos y retrasar el lanzamiento de otra opción potencialmente más segura. Sus ejecutivos idearon una “estrategia de ampliación de patentes” para mantener altos los precios de sus medicamentos basados en el tenofovir, un tratamiento para el VIH/SIDA conocido por causar problemas óseos y renales. Incluso conociendo los riesgos de la nueva versión del tenofovir, decisiones como estas de las empresas farmacéuticas siguen poniendo en peligro a los pacientes, ya que limitan las opciones de tratamiento. Las empresas afirman una y otra vez que son “innovadoras”, pero la historia del tenofovir nos muestra cómo en el capitalismo las empresas farmacéuticas reprimen la innovación para mantener los beneficios.
Los estados capitalistas benefician a las empresas, dejándoles el camino allanado para hacer de la salud un negocio. Un ejemplo cercano de esto es el el plan “Estrategia para la Industria Farmacéutica 2024-2028” impulsado por el actual Ministerio de Sanidad que hace una clara apuesta por la colaboración pública para desarrollar la industria privada. En 2024 el consejo de ministros aprobó la creación de una sociedad mercantil junto con dos grandes farmacéuticas con el objetivo de crear terapias avanzadas. Para esta nueva empresa de colaboración público-privada se invirtió en un primer momento 80 millones de euros. El 51% estará en manos de los dos grandes laboratorios privados, el Grupo Rivo e Insud Pharma, y 49% del Estado a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). En los mismos porcentajes se distribuirá la gestión de todos los beneficios que se obtengan de las patentes que se generen. De nuevo, dinero público para generar patentes en manos de laboratorios privados.
Esto forma parte del ADN capitalista: el beneficio económico por encima de la vida. El ejemplo de las patentes es una demostración más de que los marcos jurídicos en la sociedad capitalista están hechos por la clase dominante para la clase dominante.
Por otro lado, el argumento estrella de la derecha y el neoliberalismo sobre una “economía libre” que no necesita de la injerencia de los estados nacionales, que se autorregula solo, o que la competitividad es más productiva, etc, no se sostiene. Como vimos con las vacunas, no solo gran parte de la economía privada depende de grandes inversiones de las arcas públicas de los estados, y que en última instancia pagamos la población trabajadora, por vía de salarios indirectos. En realidad, estas grandes empresas, lejos de innovar, van en una tendencia contraria a desarrollar patentes y vacunas mejores y más eficientes. Son un auténtico obstáculo para desarrollar innovaciones médicas y dar un verdadero salto histórico en la ciencia médica.
La investigación científica en manos de grandes multinacionales
La mayoría de investigaciones están financiadas por fondos públicos. Las empresas aparecen en escena cuando ya la investigación pasa a ser “aplicada”, es decir, cuando se transforma en una mercancía más fácil de vender y rentabilizar. Como toda empresa capitalista, las farmacéuticas se manejan en función de la rentabilidad. La investigación en salud se da en función de lo que es más rentable para estas empresas (no para los usuarios), y los medicamentos más rentables no son los preventivos como las vacunas. No son una prioridad.
En este sentido podemos diferenciar entre investigación “básica” y “aplicada”. La primera es en la que se hacen descubrimientos científicos y que es financiada mediante dinero público. La segunda se ejerce para buscar resultados prácticos a problemas concretos, y está controlada principalmente por la industria farmacéutica, que además se apropia de los descubrimientos de miles de estudiantes y profesionales para sus ganancias privadas. En realidad sólo un 12% de la financiación en investigación científica proviene de laboratorios farmacéuticos. Si pensamos la problemática más allá, al lobby farmacéutico no le interesa que la población se cure, sino que tengan que tomar un fármaco de por vida. No es rentable fomentar investigaciones que busquen erradicar enfermedades, es la lógica criminal capitalista de mercado.
Otra forma de obstaculizar la investigación es la enorme precarización laboral que sufren los jóvenes investigadores, además de una alta tasa de paro. Existe toda una generación de jóvenes con una alta formación que podrían aprovechar sus conocimientos para aportar a la ciencia, avanzar en la medicina y mejorar la vida de muchos usuarios.
En el Estado Español fue muy conocido el caso de Sovaldi, un fármaco para tratar la Hepatitis C con una tasa de curación del 95% para una enfermedad que en aquel momento afectaba a 800.000 personas. A finales de 2014 se inició un encierro en el Hospital 12 de Octubre para reclamar que este fármaco se dispensara sin restricciones económicas, e incluso se movilizaron ante la sede de Gilead, la farmacéutica que fabricaba este medicamento. La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C presentó una querella criminal contra la ministra de sanidad de ese momento, Ana Mato, y otros altos cargos acusándolos de “omisión de socorro” por negar el tratamiento a muchos pacientes, lo que llegó a tener consecuencias fatales para algunos. La movilización de trabajadores y usuarios fue la clave para que, aunque tarde, los pacientes pudiesen acceder a Sovaldi.
¿En manos de quién debería estar la industria farmacéutica?
Esta dicotomía entre salud y capitalismo nos ayuda a pensar en profundidad los límites que tiene una política sanitaria en los marcos del capitalismo. Y sobre todo, aquellas políticas que no vayan en el sentido de cuestionar la propiedad de estas grandes farmacéuticas. Por ejemplo, el programa de Podemos, que planteó la necesidad de controlar los precios de los medicamentos y el márketing farmacéutico. Proponer un programa que no incluya poner bajo control democrático a la industria sanitaria, su fabricación, investigación, costos o inversión, sin cuestionar la existencia de grandes oligoplios que torpedean la investigación e impiden la producción de fármacos, es dejar que las grandes empresas sigan engañando a la sociedad. Estas propuestas quedan en una tibieza absoluta si no se plantea un sistema farmacéutico público que abarque la investigación, producción y distribución de fármacos. Un sistema farmacéutico radicalmente diferente, que garantice los fármacos de acuerdo a las necesidades de los sectores populares, la clase trabajadora y la mayoría social, y que imponga una distribución igualitaria de los mismos. Sin embargo, las necesidades de la mayoría social son contrarias a los intereses de las grandes multinacionales. Por ello tampoco sería realmente posible si toda la industria farmacéutica no se nacionaliza y se pone bajo gestión directa de los trabajadores de sanidad, los investigadores, estudiantes y usuarios de salud.
Es urgente la liberación de todas las patentes de las vacunas y fármacos. Además, todas las empresas farmacéuticas y los proyectos de investigación deben estar bajo control de los trabajadores, para garantizar que cualquier nuevo avance vaya en beneficio de todos, y no de cuenta a las grandes multinacionales y millonarios. Para garantizar eso, deberíamos luchar por la estatización de la industria farmacéutica y especialmente la fabricación de medicamentos, bajo control de trabajadores y usuarios.
Pero no solo se trata de poner al frente un programa realmente anticapitalista, sino que no se puede pelear por este programa si la estrategia de la izquierda es dejarlo en manos de negociaciones con las grandes multinacionales, con los partidos parlamentarios de la derecha o con gobiernos como el PSOE, que son los principales responsables del avance de la privatización en el Estado Español, ese programa es una mera declaración de intenciones y no una apuesta real. Estas medidas sólo pueden imponerse con la lucha de la clase trabajadora autoorganizada y desde abajo, junto a la juventud, poniendo al frente los métodos de la lucha de clases.
Pensar en profundidad esa dicotomía entre salud y capitalismo
Esto nos conduce a dos reflexiones. La primera de ellas es, que todo el conocimiento científico y tecnológico es producto del trabajo común, del “cerebro colectivo” de los seres humanos. Pero, en el capitalismo, esos frutos del trabajo común son apropiados por unos pocos grandes capitalistas, impidiendo que la investigación científica sea realmente puesta al servicio de las necesidades sociales. Sólo socializando ese conocimiento científico y tecnológico podremos asegurar que todo desarrollo en ciencia sea puesto en función de cuidar y salvar la vida de la humanidad. Sin embargo, esa tarea requiere de una perspectiva revolucionaria, que barriendo el poder político del gran capital, inicie la construcción de un Estado nuevo, donde (en palabras del teórico marxista Antonio Gramsci) el motor de las nuevas creaciones no sea el lucro privado sino las necesidades, crecientes y constantes, de las grandes mayorías. Donde todas las potencialidades de la técnica y la ciencia pueden ser puestas al servicio de una progresiva mejora en la salud de los miles de millones de explotados y oprimidos que pueblan el globo. Donde la dirección y gestión de los procesos de producción de medicamentos –llevada a cabo por científicos y trabajadores– garantice la prioridad de la vida sobre otras variables. Un horizonte así no tiene nada de utópico. Requiere, es cierto, un duro combate por derribar el poder de las clases dominantes. Se trata de una tarea urgente, necesaria y apasionante.
¿Qué ocurriría si construyéramos una sociedad en la que las mentes científicas más brillantes del mundo pudieran unirse en un esfuerzo por mejorar la salud individual y social? Una sociedad en la que las empresas farmacéuticas no estuvieran dirigidas por multimillonarios que buscan maximizar los beneficios, sino por investigadores y pacientes. En una sociedad socialista los tratamientos que podrían beneficiar al usuario nunca se retrasarían por motivos de rentabilidad. Nunca se retrasarían formulaciones de fármacos más seguras como ocurrió con el tenofovir. Los saltos científicos que se podrían dar colectivizando el conocimiento son casi incontables.
Y la segunda reflexión, que como profesionales de la salud se impone casi por sí sola, es que nadie puede llevar a cabo una práctica sanitaria completa sin cuestionar el propio sistema que produce y reproduce las enfermedades. La medicina que realmente busque prevenir y curar patologías, y cuidar la salud de la población, debe ser inevitablemente desde un profundo anticapitalismo. La gran mayoría de los padecimientos de salud que sufrimos la clase trabajadora son consecuencia o se agravan debido a un sistema que nos impone jornadas laborales extenuantes, contaminación ambiental, una industria alimentaria nociva, estrés crónico, precariedad habitacional, mercantilización de la salud, y una infinidad más de ejemplos.
Origen: Salud y capitalismo: La industria farmacéutica y los límites del capital
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