Hoy, la Comisión de Sanidad del Congreso vota una enmienda transaccional, un acuerdo alcanzado entre varios grupos parlamentarios, que de aprobarse consolidaría por ley el secreto de los precios reales de los medicamentos y de sus condiciones de financiación pública. Se trataría de un grave paso atrás para la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso equitativo a los tratamientos.
Una medida de este alcance no debería introducirse sin un debate parlamentario suficiente y específico sobre sus consecuencias para la salud pública, el gasto sanitario y el uso de recursos públicos. Además, consolidar por ley el secreto de los precios de los medicamentos va en dirección contraria al trabajo que desde hace años impulsamos desde Salud por Derecho y otras organizaciones para aumentar la transparencia en el mercado farmacéutico y reforzar la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos. Una decisión que afecta a miles de millones de euros de gasto sanitario y al acceso a los tratamientos merece un debate abierto, no incorporarse de forma indirecta a través de una enmienda. Cuando se trata de medicamentos financiados con dinero de todos y todas, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se paga realmente y en qué condiciones.
La opacidad en los precios no protege al sistema sanitario. Debilita la capacidad de negociación de la Administración, deja al sector público en una posición de desventaja frente a la industria farmacéutica y dificulta la fiscalización democrática de decisiones que afectan de forma directa al presupuesto público y al acceso a los tratamientos. Mantener estos datos en secreto por ley no mejora el acceso; puede hacerlo más difícil y aumentar los costes para los sistemas de salud.
Las consecuencias de esta falta de transparencia van más allá de España. En un país con peso en los precios de referencia internacionales, mantener en secreto los precios reales contribuye a mantener precios elevados en otros sistemas de salud, con un impacto directo sobre el acceso global a los medicamentos. Por eso, defender la transparencia en España es también defender la salud global. Estamos ante una decisión de gran alcance. Afecta a cuánto cuesta realmente la innovación farmacéutica para el sistema público y a si esa información puede conocerse y fiscalizarse. Cuando los precios y las condiciones de financiación se mantienen en secreto, la ciudadanía, los pacientes y las instituciones pierden capacidad para evaluar si se está actuando con criterios de interés general.
Para profundizar en esta cuestión, puedes consultar el informe que publicamos en la alianza No es Sano, en el que analizamos el impacto de la opacidad en la fijación de los precios netos de los medicamentos y sus consecuencias para el acceso, la sostenibilidad del sistema y la salud global. También está disponible nuestro decálogo con recomendaciones para avanzar hacia un mercado farmacéutico más transparente y orientado al interés público.
Origen: La opacidad en los precios de los medicamentos no puede convertirse en ley | Salud por Derecho
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