Wikileaks: tratado TPP (ATP) somete políticas de salud a empresas farmacéuticas
ATMedios.-
Si el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, siglas en inglés) –negociado en secreto por 12 gobiernos de la región Asia Pacífico, entre ellos el de México– llegara a aprobarse en sus términos actuales, permitiría a las grandes empresas de fármacos interferir en las políticas de salud pública, según se desprende del borrador del anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica del convenio, proporcionado por Wikileaks a La Jornada en exclusiva para México y que publican también otros cinco medios en América y Oceanía.
El anexo, fechado el 17 de diciembre de 2014, “tiene la clara intención de servir a los intereses de la industria farmacéutica”, escribe Deborah Gleeson, académica en la Universidad La Trobe, en Australia, incrementaría la influencia de la industria médica en “los programas gubernamentales de subsidio farmacéutico y de instrumentos médicos” y le daría mayor capacidad de oponerse a las decisiones oficiales en materia farmacéutica”.
Expertos como Jane Kelsey, profesora de Derecho, en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, opinan que las disposiciones mencionadas del ATP van dirigidas principalmente en contra de Nueva Zelanda y sus políticas de salud pública, específicamente a la Agencia de Gestión Farmacéutica (Pharmac) de ese país, “una institución modelo que podría ser adoptada por países en desarrollo”, a decir de Kelsey. Pharmac decide qué medicinas y artículos relacionados son subsidiados para ser usados en hospitales públicos y comunitarios.
La especialista advierte que en su redacción actual el ATP “va a degradar seriamente la capacidad de Pharmac para ofrecer medicinas y aparatos médicos a precios asequibles, como lo ha hecho en las dos décadas pasadas; esto implicará menos medicinas subsidiadas y más que deberán ser parcialmente pagadas por los pacientes”, o bien que se destinará más presupuesto de salud a adquirir medicinas en vez de a otras actividades”. Asimismo, indica que el anexo incorpora “un proceso de revisión para que las empresas farmacéuticas impugnen la decisión oficial de no incluir en sus programas productos o aparatos que deben ser reembolsados” por el gobierno.
Gleeson, por su parte, señala que el texto en cuestión establecería un precedente para que “acuerdos comerciales regionales puedan interferir con los sistemas de salud nacionales y podría reducir las opciones disponibles en países en desarrollo para poner en práctica programas de cobertura farmacéutica”.
Consultado por La Jornada, Peter Maybarduk, director del Programa de Acceso Global a Medicamentos, de la organización Public Citizen, con sede en Washington, advirtió que “no se ha visto que haya análisis de los gobiernos acerca de cómo (el contenido del anexo) afectará a los países en desarrollo”.
En el caso estadunidense, dijo, “esta filtración revela que la administración de Barack Obama, actúa bajo las órdenes de las empresas farmacéuticas para someter a Medicare (el programa de salud pública de Estados Unidos) a una serie de reglas de procedimiento, negociadas en secreto, que limitarían la capacidad del Congreso de promulgar reformas para abatir los costos de medicinas bajo prescripción, e incluso podría abrir la posibilidad de objetar aspectos de nuestro actual sistema de salud”.
La lectura del borrador revela que los países participantes en la negociación –Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que en conjunto representan un tercio del comercio mundial– ya se han puesto de acuerdo en casi todo. El Anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica fue una de las partes del ATP que generó mayores discusiones entre los negociadores y se quedó estancado varios años.
Si bien la redacción parece estar prácticamente concluida, todavía no hay un acuerdo sobre qué programas de asistencia médica deberán estar incluidos en las obligaciones que establece el anexo.
Con información de La Jornada
