Un invento concebido para facilitar el trabajo de los laboratorios ha terminado convertido en un problema fiscal para su creador. El investigador danés Ove Andersen no ha cobrado nada por la patente de unos tubos que permiten dividir muestras de sangre congeladas, pero la Administración tributaria de Dinamarca le reclama impuestos por la operación con la que cedió los derechos.
El origen del conflicto no es un ingreso en su cuenta, sino el valor que se asignó al acuerdo. A cambio de la patente, Andersen recibió participaciones de una pequeña compañía suiza que pretendía desarrollar y fabricar el producto. La expectativa de negocio se evaporó antes de que los tubos llegaran a ser rentables.
La empresa quebró en 2022 y las participaciones pasaron a valer cero. Aun así, el investigador ha recibido dos primeras liquidaciones de 139.991 coronas danesas cada una, según detalla la cadena de televisión danesa TV 2, cuya pieza sobre el tema ha sido la fuente principal a la hora de redactar esta noticia. El importe final podría superar varios cientos de miles de coronas, una factura que ha trastocado sus planes pese a que no obtuvo rendimientos por la invención.
Una patente sin retorno
Andersen ideó los llamados criotubos en 2009, al observar el tiempo que el personal de laboratorio dedicaba a separar las muestras. Los recipientes permiten congelarlas y dividirlas después por fractura. El acuerdo con la empresa suiza se cerró mediante acciones, con la previsión de que el valor de la tecnología generase pagos sucesivos.
Los documentos fiscales consultados por el canal danés fijaron inicialmente la operación en 1,3 millones de coronas para Andersen. Sin embargo, explica que mantener el registro de la patente le costó alrededor de un cuarto de millón de coronas y que nunca percibió las cantidades previstas. “No tengo problema con no haber recibido nada”, sostiene, pero rechaza tributar por un dinero que no llegó.
Durante más de una década, la compañía trató de perfeccionar los tubos para comercializarlos a gran escala. Al no conseguirlo, desapareció y dejó sin valor las participaciones. Andersen comunicó esa circunstancia a las autoridades a través de su asesor, pero el expediente se reactivó en 2026. La revisión de sus datos fiscales le llevó a pensar, en un primer momento, que se trataba de una broma.
La reforma que llegó tarde
La cuestión se centra en el tratamiento de los pagos periódicos previstos al vender una patente. La Administración danesa sostiene que las reglas anteriores obligaban a tributar también cuando esas cantidades no se cobraban, incluso si la empresa había quebrado. La norma se modificó para los contratos suscritos desde el 1 de enero de 2026, pero esa corrección no alcanza el acuerdo de Andersen.
La Administración tributaria ha aceptado, de acuerdo con la propuesta provisional, que pueda deducir la pérdida de las participaciones. No obstante, mantiene sujeto a impuesto el resto de la valoración, 924.486 coronas. Un asesor fiscal consultado por TV 2 considera que sería una situación “tan injusta como puede serlo”.
Andersen iba a reunirse con la Administración para discutir el caso, aunque el encuentro fue cancelado poco antes y el organismo revisa de nuevo el expediente. Si el criterio se mantiene, calcula que podría tener que financiar el pago con un crédito. “Si no ocurre un milagro, tendré que pedir un préstamo”, dice antes de avanzar que está dispuesto a recurrir hasta el Tribunal Supremo danés.
El investigador afirma que el proceso ha cambiado su relación con las patentes. Asegura que conserva ideas, pero no quiere volver a pasar por una situación similar: “No voy a hacer más inventos”. Para él, la decisión administrativa convierte una tecnología sin beneficios en una deuda personal.
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