La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio denunció que el INTA censuró un informe que expone el impacto del glifosato en los cuerpos, que alcanza a personas muy alejadas de la zona de fumigación. Argentina es el país con mayor cantidad de plaguicidas en personas y medio ambiente y el organismo que depende del libertario Sergio Iraeta, pretende inhabilitarla de por vida.
El Consejo Directivo del INTA quiere aplicarle a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, la mayor investigadora de agrotóxicos en la entidad, una sanción inédita: exoneración e inhabilitación de por vida, por encabezar un estudio que relevó que el 86% de los argentinos tiene en el cuerpo glifosato, el pesticida más usado en la agricultura a gran escala en el país.
Con más de 20 años de carrera, Aparicio había participado con el aval del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en el proyecto Sprint, financiado por la Unión Europea (UE) para analizar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente y del que participaron varios países europeos y Argentina.
Pero, poco antes de darse a conocer los resultados, el INTA, que depende del secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, suspendió la difusión y se dio de baja del proyecto del que, actualmente, sigue figurando como socio en la página oficial. Tras eso, el INTA avanzó en un sumario y pedido de exoneración a Aparicio, que fue ratificado en la última sesión del Consejo Directivo del organismo.
“Hubo quejas de las corporaciones, eso es lo que pasa”, dijo a LPO una fuente del INTA puso de relieve el lobby empresarial para que no se den a conocer los resultados que luego se conocieron en una conferencia del proyecto Sprint en Bélgica, el año pasado.
Según el portal especializado en Política, el estudio reveló que el 86,1% de los argentinos que se ofrecieron a estas muestras posee niveles de glifosato en el cuerpo, mientras que éste herbicida se encontró en el 100% de la materia fecal de los bonaerenses.
Además, se detectaron de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial, de 6 a 22 plaguicidas en alimentos y un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar. Esos resultados ubican a la Argentina como el país con mayor cantidad de plaguicidas en personas y medio ambiente.
Desde los gremios del sector advierten que la difusión del informe fue frenada a mediados de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En 2025, el actual Gobierno avanzó en un proceso sumarial dirigido no solo a despedir sino a inhabilitar de por vida a Aparicio de la función pública, a través de la exoneración.
Fuentes del INTA detallaron a LPO que, entre las acusaciones para sumariar y pretender exonerar a Aparicio, figura el “perjuicio a la administración nacional”, argumento que carece de peso considerando que el proyecto fue íntegramente financiado por la UE.
También acusan a la científica de no brindar la información que le pedía la línea jerárquica en lo relativo a los datos personales de los voluntarios asociados a su concentración de plaguicidas. Aparicio sostuvo que esos datos no los facilitó ya que había firmado un acuerdo de confidencialidad con los muestreados. De hecho, en todas las investigaciones sobre la salud humana, se firman consentimientos informados, lo que implica la protección de los datos personales.
Aparicio defendió el objetivo del informe y alertó en declaraciones a Radio 10: “La distribución de los plaguicidas es tan masiva que es necesario reducir la dependencia química en el sistema productivo y es importante hacerlo ya”.
Según publicó el diario Página 12, el proyecto Sprint se traduce como: “Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global”. Comenzó a gestarse en 2018 y en septiembre de 2020 se inició formalmente con el financiamiento de la Unión Europea. Un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos –junto con colegas en Argentina (INTA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)– concentraron sus esfuerzos en evaluar el impacto de los plaguicidas.
Lo paradójico es que el mismo INTA que hoy quiere desplazarla, celebró en su momento con bombos y platillos el acuerdo. A través de sus canales de comunicación realizó una cobertura del inicio y le dio seguimiento al proyecto, mediante artículos en los que se reivindicaba un “enfoque que apostaba a la salud global”.
Sprint se gestó para “desarrollar una caja de herramientas de evaluación de riesgos para la salud mundial con el objetivo de evaluar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y los efectos adversos en plantas, animales y ecosistemas”. Buscaba mejorar el uso sostenible de plaguicidas a través del diálogo entre la evidencia científica, los productores y los decisores de política pública.
En una primera instancia, Aparicio y su equipo, como los únicos representantes de Sudamérica, midieron la presencia de plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas. El propósito era estudiar cómo, en baja cantidad y aplicados de manera prolongada, más de 200 plaguicidas podían tener efectos considerables.
En 2023, debía continuar con la siguiente etapa del proceso y reunirse con los productores para comentar lo que había encontrado, pero las autoridades del INTA le prohibieron ese encuentro. En 2024, con la administración libertaria, el Instituto decidió ir un paso más allá y pidió abandonar el consorcio.
Luego le iniciaron a la científica una investigación sumarial como represalia por investigar el modo en que los agroquímicos podrían afectar la salud del ambiente y las poblaciones. Aparicio comentó al respecto: “Ahora me quieren exonerar por un proyecto que en su momento fue aprobado por las autoridades, a través de la firma de un convenio. Cuando comenzamos a recolectar y procesar los primeros datos, desde el INTA comenzaron a visualizar el caudal de información generado y me pidieron suspender una reunión y luego salir del proyecto. Más tarde, me iniciaron una investigación sumarial”.
Entre los principales resultados que reportaron en Argentina, la investigación logró documentar la existencia de mezclas de más 200 plaguicidas en suelo, en agua, en materia fecal, orina y sangre humana y animal. Los investigadores lograron evidenciar “la ruta del plaguicida”, es decir, reportar cómo están distribuidos en el suelo local y apuntar a cómo están combinados, porque no se sabe cómo afectan al organismo cuando más de uno ingresa al mismo tiempo.
La científica justifica por qué es valioso el aporte: “Entre otras cosas, identificamos las principales muestras en la sangre humana y el posible efecto crónico que tiene en la salud. También se estableció una especie de ‘caja de herramientas’ para realizar mejores estudios toxicológicos. Confirmamos que los productores convencionales tienen mayores concentraciones de estos químicos en relación a los productores agroecológicos”.
Esta semana, Aparicio dialogó con el psicólogo y periodista Ernesto Tenembaum de Radio Con Vos, al respecto de la persecución laboral que sufre y consideró que muchos científicos argentinos, como el fallecido Andrés Carrasco, “estamos siendo corridos del sistema porque trabajamos estos temas que son tensos. Pero es importante trabajarlos porque nos tenemos que proteger. Sin información científica no se pueden tomar buenas decisiones. Es como muy necio”, subrayó la ingeniera agrónoma.
Con respecto a los indicios que vinculan los plaguicidas con enfermedades graves, Aparicio reveló a Radio con Vos: “El proyecto (Sprint) siguió avanzando sin nosotros, cuando INTA solicita que salgamos del proyecto, en Europa se sigue investigando y utilizando nuestros datos, porque es parte del convenio y se publica una cantidad muy importante de información a nivel científico, y algunas cosas producen efectos que son nocivos y preocupantes”, detalló.
“Si uno no puede estudiar las cosas y entenderlas, no puede corregirlas”, insistió Aparicio y sumó: “Hay asociación entre algunas enfermedades, algunos tipos de cánceres y Alzheimer, con uno de los plaguicidas que estamos utilizando. Algunos de esos plaguicidas se usan en Argentina y en Europa, Uruguay y Brasil, ya están prohibidos. Por ejemplo, la Atrazina, los uruguayos la tienen prohibida desde hace varios años y nosotros la seguimos usando, por ejemplo, en el cultivo del maíz”, reveló Aparicio en diálogo con Tenembaum.
En esta línea, Aparicio contó que una médica española publicó un artículo científico en el que encuentra “una asociación entre la empresa que produce los químicos que usamos en el campo y la que produce los medicamentos para curar algunas de estas enfermedades”.
Y en otro tramo impactante de la entrevista, Aparicio reveló que, si barrieran el estudio de Radio Con Vos en el barrio porteño de Palermo, ubicado a cientos de kilómetros de zonas de fumigaciones, “probablemente encontremos restos de plaguicidas. Eso hicimos con los voluntarios: les pedimos que barrieran sus pisos y nos dieron el polvo ese y, ahí también (encontramos) más de un plaguicida”, sentenció la investigadora perseguida por el INTA.
Origen: Agencia Hoy
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