Parlamentario
Luego de la postergación dispuesta semanas atrás, el oficialismo en el Senado de la Nación avanzó con el dictamen sobre el proyecto de adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y que volvió a la Cámara alta tras las modificaciones introducidas durante su tratamiento en la cámara revisora. Ahora quedó habilitado para ir al recinto y eso sucedería la próxima semana, según las intenciones del oficialismo.
El debate se llevó a cabo este jueves en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por Francisco Paoltroni, y de Industria y Comercio, encabezada por Marcelo Lewandowski.
Paoltroni recordó que el Tratado fue elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que entró en vigor el 1 de enero de 1993.
“Se aprobó en el Senado este Tratado en el año 1998, pasó con media sanción a Diputados y ahí quedó paralizado hasta agosto de este año que lo volvió a tratar para darle estado parlamentario con una reserva en un artículo”, explicó. Y sumó: “Argentina es uno de los pocos países que no está adherido a este tan importante Tratado Internacional. Lo que rige para nuestro país en materia de patentes es un acuerdo anterior de 1884”.
Lewandowski comentó que desde su bloque propusieron la participación de representantes de entidades para tratar la reserva del artículo 2 que se dio en Diputados que “desde hace tiempo nos pidieron dar su punto de vista sobre el tema”.
1/ Dictamen favorable en las comisiones del Senado para el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La Argentina lo firmó en 1970 y el propio Senado lo aprobó en 1998. Después de 56 años, estamos a un paso. Por qué importa, en un hilo — Alejandro Cacace (@alejandrocacace) October 15, 2026
La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que “estamos tratando un instrumento internacional que tiene una importancia particular para el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país”.
“Lo primero que tenemos que hacer es despejar son los equívocos. Este Tratado no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, tampoco le quita al país la facultad de decidir qué invenciones merecen protección conforme a nuestra legislación”, aclaró y explicó: “Lo que hace este Tratado es establecer un procedimiento internacional de cooperación para facilitar la presentación, la búsqueda y la tramitación de solicitudes de patentes. Es una diferencia fundamental porque una cosa es cooperar internacionalmente para facilitar los procedimientos y otra es renunciar a la capacidad nacional de decidir”.
Bullrich cuestionó que la Argentina está “muy atrasada en el tema porque han pasado casi 30 años desde el momento en el que el Senado lo trató”, y planteó: “Los países no solo compiten por los recursos naturales, pero compiten con la capacidad de generar conocimiento, en transformarlo en tecnología”.
“Este instrumento lo que hace es permitir que todos esos actores del mundo tecnológico y de la innovación puedan proyectarse internacionalmente. Es una gran herramienta para las instituciones públicas como CONICET y privadas, universidades que logran generar nuevos productos para el adelanto de la ciencia”, resaltó y sumó: “El PCT permite que cualquier investigador o inventor presente una solicitud internacional con un procedimiento coordinado. En lugar de tener que iniciar, desde un primer momento, un montón de procedimientos independientes en cada lugar. Permite realizar una búsqueda internacional de antecedentes técnicos”.
A su turno, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) planteó la necesidad de profundizar el análisis de las reservas contempladas en el capítulo II del proyecto y pidió precisiones sobre sus alcances. “Necesitamos que el Poder Ejecutivo informe y precise qué función adicional cumpliría el capítulo 2 y qué información técnica relevante no quedaría cubierta en el capítulo 1. Que cuantifiquen qué beneficios trae, plazo promedio de tramitación de patentes, plan de fortalecimiento técnica, presupuestos, etc.”, planteó.
En ese sentido, advirtió sobre los posibles efectos de la adhesión al tratado en el desarrollo tecnológico nacional: “Si este modelo es un juego que nos perjudica, habría que preguntarse si, en lugar de favorecer al país en materia tecnológica, lo que hacemos es aumentar el grado de dependencia”, señaló.
En coincidencia con estas inquietudes, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) consideró necesario que el Poder Ejecutivo Nacional brinde precisiones sobre la situación de las patentes en la Argentina. Si bien manifestó su acuerdo con los argumentos expuestos por Bullrich respecto de los alcances del tratado, señaló que el debate también debía contemplar las políticas nacionales en materia de medicamentos: “Estoy de acuerdo con su opinión, porque es importante que el Poder Ejecutivo nos dé una visión”.
En ese marco, consultó sobre la derogación de criterios vinculados con la patentabilidad de determinados medicamentos, el estado del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y los mecanismos vigentes para la gestión de las patentes farmacéuticas.
Los expositores
Posteriormente, expusieron representantes de organizaciones vinculadas con la salud, los medicamentos y el acceso a los tratamientos. La primera fue Lorena Di Giano, integrante de la Red Argentina de Investigadores en Salud y de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, manifestó sus reparos a la iniciativa y cuestionó los beneficios que, a su entender, tendría para el país la adhesión al PCT.
“Argentina hasta hace poco tuvo un sistema de patentes que es modelo en el mundo. Se negó sistemáticamente a adherir al PCT porque consideraba que no aportaba beneficios y, de esa manera, evitó el ingreso de una gran cantidad de patentes farmacéuticas.
La industria farmacéutica multinacional utiliza este sistema, basado en una lógica de lucro, para introducir pequeñas modificaciones en medicamentos existentes y buscar extender por 20 años más la exclusividad comercial. Por ese motivo, en 2012 se adoptaron las guías de patentabilidad, con el objetivo de favorecer la innovación genuina”, sostuvo.
“Las patentes otorgan 20 años de exclusividad. Nadie puede producir, comercializar ni importar lo que está patentado. Se está derogando los estándares que nos hicieron modelo en el mundo”, alertó.
Al finalizar su exposición, la representante advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y sanitarias de la medida y pronosticó un aumento “exorbitante de precios en los medicamentos y la quiebra de muchas obras sociales” si la iniciativa fuera aprobada.
A continuación, Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Mariela Bacigalupo, integrante de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP); y Luciana Ghiotto, investigadora del Transnational Institute, quien advirtió que la medida pondría en “riesgo la industria farmacéutica nacional y la capacidad del Estado de decidir qué entra a nuestro sistema de salud”
El acuerdo de Cooperación
La ratificación del acuerdo forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino en el marco del entendimiento comercial suscripto con Estados Unidos en febrero pasado. En ese contexto, en los últimos días el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, reclamó públicamente una pronta aprobación parlamentaria de la iniciativa.
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el pasado 27 de agosto por 147 votos afirmativos y 93 negativos. Sin embargo, en un procedimiento poco habitual, devolvió el texto al Senado al introducir cambios en su articulado.
El antecedente resulta singular porque la media sanción original había sido otorgada por la Cámara alta en 1998. La vigencia de ese trámite legislativo se mantuvo debido a las excepciones contempladas por la Ley 13.640 para los tratados internacionales.
La modificación incorporada por Diputados estableció la adhesión con reserva del Capítulo II del tratado, atendiendo planteos de la industria farmacéutica nacional. Ese capítulo contempla la realización de exámenes internacionales, de carácter no vinculante, sobre los requisitos de patentabilidad de las invenciones.
Actualmente, Argentina figura entre los pocos países de la región que aún no forman parte del PCT. El acuerdo permite simplificar los procedimientos para la protección internacional de invenciones y es utilizado por más de 150 países.
Desde el Gobierno sostienen que la adhesión brindará ventajas a investigadores y desarrolladores argentinos, al reducir costos, tiempos y trámites burocráticos vinculados con el registro de patentes en el exterior, ya que el país no cuenta actualmente con una oficina receptora habilitada dentro del sistema.
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