Mario Bolla, abogado de Virginia Aparicio, la científica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que investigó la presencia de plaguicidas en personas y ambientes rurales, dialogó con REALPOLITIK TELEVISIÓN (www.realpolitik.tel) sobre el sumario administrativo que enfrenta la investigadora y que podría derivar en su exoneración. El letrado cuestionó las imputaciones contra su defendida, defendió la validez de los procedimientos científicos y sostuvo que las consecuencias del caso exceden el ámbito laboral.
Al explicar los motivos del sumario, Bolla señaló: “Las razones ocultas no las conozco. Las razones que dieron al inicio del sumario son una serie de cargos que le hacen, unas imputaciones que le hacen a ella, con un presunto mal desempeño, vamos a decir, de sus deberes como investigador y funcionaria pública”. Sin embargo, sostuvo que las acusaciones carecen de fundamentos concretos y cuestionó que se responsabilice a Aparicio por el abandono del proyecto.
En ese sentido, el abogado remarcó que la investigación se desarrolló bajo estándares internacionales y con controles externos. “Todos los resultados, es decir, desde los muestreos hasta el análisis de las muestras y los protocolos que se siguieron, fueron todos con los estándares que se fijaron en el consorcio europeo”, afirmó. Además, destacó que los procedimientos y aspectos financieros fueron auditados desde Europa y consideró que no existen hechos que justifiquen una sanción de semejante gravedad.
Bolla también explicó el alcance que tendría una eventual exoneración para la trayectoria profesional de Aparicio, quien acumula 22 años de carrera en el INTA y es investigadora independiente del CONICET. Según advirtió, la medida no solamente implicaría perder su puesto de trabajo, sino que también le impediría ingresar a otros organismos de la Administración Pública Nacional. “La matan científicamente en Argentina”, sintetizó el letrado, quien calificó la situación como una forma de exclusión profesional y social.
Al referirse a la investigación, Bolla detalló que el proyecto contemplaba la participación de voluntarios de distintos países para analizar la incidencia de los plaguicidas en el organismo humano. En Argentina participaron 73 personas y, de acuerdo con lo expuesto por el abogado, los resultados mostraron una presencia extendida de estas sustancias en las muestras analizadas. “Lo que había en Argentina era una muy alta concentración y todos los voluntarios, los 73 voluntarios o 72 de los 73, arrojaron que tenían 100 por ciento de estas sustancias en su materia fecal”, expresó.
El letrado relató que estaba prevista una reunión organizada oficialmente por el INTA para comunicar los resultados a los participantes, pero que fue suspendida pocos días antes de su realización. Según explicó, Aparicio recibió instrucciones de abstenerse de divulgar cualquier dato, pese a que la etapa de diagnóstico ya había concluido y las muestras habían sido analizadas en Europa. Para Bolla, las razones de esa decisión no están claras, aunque planteó una hipótesis vinculada con los intereses económicos del sector agropecuario.
“En mi opinión, porque tocaban intereses muy poderosos”, sostuvo al explicar por qué, a su entender, los resultados pudieron generar resistencia. El abogado consideró que las conclusiones del estudio podían impulsar cambios graduales en las prácticas agrícolas y en la utilización de productos fitosanitarios. Según señaló, esas modificaciones podrían afectar la rentabilidad de los grandes productores y los intereses de las empresas multinacionales que fabrican agroquímicos. Aclaró que se trataba de su interpretación y no de una explicación oficialmente confirmada.
Salud pública y consecuencias ambientales
Bolla también vinculó la problemática con la salud pública y describió la situación que observa en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona de Balcarce. “Hay cualquier cantidad de habitantes de la zona donde yo vivo, en Balcarce y en la zona del sudeste bonaerense, que están padeciendo cuadros gravísimos de cáncer”, manifestó. Asimismo, señaló que algunos habitantes deben trasladarse a centros sanitarios de mayor complejidad para recibir atención, lo que incrementa la presión sobre el sistema de salud.
En ese contexto, el abogado planteó que la prevención y la modificación de determinadas prácticas agrícolas podrían contribuir a evitar consecuencias sanitarias y económicas. “Todos sabemos que los medicamentos oncológicos son carísimos y estás haciendo que el Estado, las obras sociales, los hospitales públicos tengan que afrontar una cuestión que se podría ir previniendo si se cambiasen las prácticas un poco”, afirmó. También cuestionó las decisiones que, a su entender, priorizan el aumento de la productividad por encima de la protección ambiental y sanitaria.
Respecto del procedimiento administrativo, Bolla sostuvo que, aunque formalmente se permitió presentar un descargo y ofrecer pruebas, las limitaciones impuestas afectaron la defensa de su representada. “Cuando nosotros ofrecimos las pruebas, materialmente nos podaron casi todas las pruebas”, denunció. Entre los ejemplos mencionó la negativa a realizar careos con determinados testigos, el rechazo de testimonios por cuestiones formales y las exigencias de traducción pública de documentos científicos que estaban redactados en inglés.
El abogado indicó que la defensa espera la resolución definitiva del sumario, que deberá contar con la intervención de las autoridades correspondientes del INTA. Si la decisión resulta desfavorable, anticipó que recurrirán las instancias administrativas antes de acudir a la Justicia. Además, advirtió sobre el efecto que una eventual sanción podría tener en otros investigadores: “El objetivo es disuadir a los investigadores más jóvenes y a los que ya están en funciones, que sigan investigando temas que pueden resultar incómodos para los grupos de poder, se llaman los económicos, políticos, sociales”, afirmó.
Por último, Bolla expresó su expectativa de que las autoridades del INTA reconsideren la sanción propuesta y eviten la expulsión de Aparicio de la Administración Pública. Según indicó, un petitorio en respaldo de la científica ya reunía 17.000 firmas en Argentina, además de adhesiones de investigadores y especialistas. También cuestionó la falta de pronunciamientos institucionales de distintos sectores científicos y académicos, aunque destacó las expresiones de solidaridad recibidas desde el ámbito provincial.
Al cerrar la entrevista, el letrado reconoció que mantiene dudas sobre el desenlace del expediente, pero consideró que la movilización social puede influir en la decisión final. “Yo espero que recapacite y que decidan no aplicarle la máxima sanción. Calculo que la van a sancionar igual porque es muy difícil reconocer que te equivocaste”, concluyó Bolla, mientras la defensa aguarda una resolución definitiva sobre el futuro laboral y científico de Aparicio. (www.REALPOLITIK.com.ar)
Origen: Virginia Aparicio podría ser exonerada del INTA: “La matan científicamente en Argentina”
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