El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la Ley de Medicamentos Críticos (Critical Medicines Act, CMA), introduciendo medidas para diversificar las cadenas de suministro, reforzar la fabricación basada en la UE y facilitar la compra conjunta entre los Estados miembros. En Salud por Derecho celebramos la prioridad otorgada a estas negociaciones y la rapidez con la que se han concluido. La escasez de medicamentos es una crisis urgente de salud pública en Europa, como demuestran los recurrentes desabastecimientos de tratamientos basados en rifampicina para pacientes con tuberculosis, que interrumpen la continuidad asistencial en toda la Región Europea de la OMS, así como la persistente escasez de medicamentos oncológicos esenciales, incluida la grave falta de ifosfamida y ciclofosfamida intravenosas, con cerca del 70% de los países europeos habiendo experimentado escasez de medicamentos contra el cáncer en los últimos años.
Valoramos positivamente avances concretos, como la reducción del umbral de países necesarios para activar una solicitud de compra conjunta —de nueve a cinco— y la inclusión de los medicamentos huérfanos dentro del ámbito de aplicación de la ley. La compra conjunta debe ir más allá de garantizar la disponibilidad, debe convertirse en una herramienta para que los Estados miembros puedan hacer frente colectivamente a los precios inasequibles, evitando además el uso de cláusulas de confidencialidad mediante el aprovechamiento del poder de negociación conjunta. Sin embargo, hasta que se publique el texto completo, sigue sin conocerse la posición del acuerdo respecto a una demanda central de la sociedad civil: si el apoyo financiero público a proyectos estratégicos estará vinculado a obligaciones vinculantes de asequibilidad y transparencia.
En cuanto al enfoque de “preferencia europea” para la fabricación, las preocupaciones planteadas por otros actores de la sociedad civil merecen atención. Como ya hemos advertido, un aumento significativo de la demanda y del almacenamiento estratégico en la UE podría elevar los precios mundiales de las materias primas, haciendo que los medicamentos sean inasequibles en el Sur Global. Del mismo modo, si la relocalización de la producción farmacéutica en la UE se lleva a cabo sin incorporar compromisos de Salud Global en el proceso de planificación, la UE podría socavar inadvertidamente los esfuerzos por desarrollar capacidad de fabricación farmacéutica en otras regiones, una iniciativa fuertemente promovida en diversos foros multilaterales, como el G20.
Estos son riesgos que la implementación de la CMA debe tratar activamente de mitigar. Hacemos un llamamiento a ambas instituciones para que garanticen, a través del proceso formal de adopción y de los posteriores actos de ejecución, que ninguna inversión pública en el marco de esta normativa se realice sin un retorno público claro, incluido el acceso equitativo y asequible a los productos finales.
“El acuerdo de hoy es un punto de partida, no una meta final. La CMA solo cumplirá su promesa si las obligaciones de asequibilidad son vinculantes, si la compra conjunta puede utilizarse para garantizar precios justos y si el impulso de ‘comprar europeo’ no se produce a costa de la equidad global en salud. La sociedad civil seguirá vigilante durante el proceso formal de adopción”, recuerda Jaime Manzano, investigador y responsable de Incidencia Política de nuestra organización.
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