Por: Luis Funemayor Toro.
La profesión farmacéutica en Venezuela ha tenido la desdicha, de no haber sido atendida debidamente por los distintos gobiernos del país, por lo menos desde 1958. La Ley de Ejercicio de la Farmacia es de 1928 (Gaceta Oficial N° 16.551), por lo que es una ley centenaria. La ley del medicamento, por su parte, fue promulgada en el año 2000 (Gaceta Oficial N° 37.006), teniendo como limitante a la ya mencionada y anticuada Ley de Ejercicio de la Farmacia. Es hora de corregir esta lamentable situación y cubrir las distintas necesidades existentes, así como corregir las perversiones surgidas en el sector farmacéutico por este imperdonable descuido. Se debe proceder, junto con la atención de la emergencia nacional actual, a elaborar y promulgar una nueva Ley de Ejercicio de la Farmacia, producto de la acción profesional conjunta de especialistas y académicos del sector salud y que tenga como objetivo fundamental la salud y el bienestar de la población.
El proyecto de ley tendría que ser sometido a un amplio proceso de consulta, no sólo de las poderosas empresas farmacéuticas que hacen vida en el sector, sino principalmente de los pacientes, quienes necesitan de una legislación integral para recuperar y mantener su salud y para hacer valer sus intereses, frente a los del gran capital transnacional, que no siempre tiene a la salud como el objeto principal de sus actividades. También debe ser estudiada y analizada por el sector académico relacionado con las disciplinas de farmacia, medicina, odontología, medicina veterinaria, nutrición y dietética, biología, química y tecnología aplicada a cada uno de ellos, que se encuentra en nuestras universidades e institutos y centros de investigación científica, sin excluir a todos los trabajadores del ramo en sus diferentes áreas de trabajo y niveles de preparación y formación.
Estamos en deuda también con la necesidad de actualizar la ley de los medicamentos, lo cual debería hacerse en forma inmediata posterior a la promulgación de la nueva Ley de Ejercicio de la Farmacia, para abordar con posterioridad los reglamentos ejecutivos de ambas leyes, y sólo luego, abordar el problema de las normas, que tiene que ser ajustadas a lo que las leyes prescriben y no al revés. La inatención habida en los últimos 70 años creó un vacío legal y reglamentario importante en el escenario farmacéutico nacional, el cual ha sido inadecuadamente cubierto con la elaboración de normas, instrumentos sub legales, que se han venido convirtiendo en leyes sin realmente serlo, y han entronizado en el ministerio de salud, durante todos esos años, una discrecionalidad inconveniente de algunos funcionarios del sector, quienes, sin haber sido electos diputados de la Asamblea Nacional, legislan a través de esas normas.
Inadvertidamente, las normas entonces comienzan a responder a intereses distintos del interés de la sociedad venezolana, permitiendo situaciones contraproducentes para la salud de los pobladores, al no garantizarse la existencia en el mercado de los medicamentos seguros, necesarios y a precios que los hagan realmente asequibles. Hay que erradicar la práctica nociva de utilizar normas ante la inexistencia de leyes. Se legisla primero, se reglamenta luego y se norma después, dentro del marco legal establecido. Y estoy seguro que esto lo sienten los mismos funcionarios del ministerio, que deben recurrir a normas ante la ausencia de leyes. Ellos son los primeros interesados en erradicar esta práctica nociva, que los compromete en forma inadecuada ante todo el sector farmacéutico del país, ante la nación y ante la ley.
Venezuela enfrenta una lamentable tragedia, que ha destruido y afectado su infraestructura de viviendas, de producción y de servicios. Cientos de edificios se han derrumbado o han quedado inservibles por los sismos del 24 de junio pasado. Los propios laboratorios farmacéuticos existentes en el país han sido víctimas de esta lamentable situación. Decenas de miles de personas perdieron sus hogares y sus trabajos, la economía en las zonas de desastre ha casi desaparecido. Todas nuestras fuerzas y energías deben ser dedicadas a enfrentar esta tragedia, tarea harto difícil cuando además se carece de los recursos financieros necesarios. Sin embargo, la república no puede dejar de desarrollar todas las otras actividades debidas, entre ellas la acción legislativa de la Asamblea Nacional. La Ley de Ejercicio de la Farmacia es una necesidad urgente, que no debe ser postergada. Su texto ha quedado muy atrasado en relación al avance científico actual, por lo que es urgente adaptarla a los nuevos retos.
Acerca del autor
