Buenos Aires.-Aunque en un principio estaba previsto un plenario a las 16.30 de 14 de abril de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, finalmente se suspendió.
Según fuentes del oficialismo en el Congreso, la decisión de frenar el debate respondió a un pedido del flamante Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que debía tratar el tema, aún no tiene nueva fecha para volver a analizar el expediente.
La iniciativa resulta ahora clave para el oficialismo en el marco del acuerdo comercial que Argentina firmó con Estados Unidos, ya que se trata de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su respectivo Reglamento (Washington, Estados Unidos), que data de 1970, aunque entró en vigencia en 1993.
Desde la cartera de Desregulación explicaron que el pedido de suspensión está vinculado con la agenda del secretario Alejandro Cacace, quien se encuentra en Estados Unidos participando de actividades sobre Inteligencia Artificial junto a legisladores argentinos, invitado por la Red de Acción Política. Mientras tanto, se intensifica el lobby de los distintos sectores de la industria farmacéutica.
El tratado PCT se relaciona con el procedimiento de presentación de solicitudes de patentes de forma simultánea en varios países, un método que las empresas transnacionales utilizan para bajar costos de trámites y garantizarse que una patente pueda (o no) ser concedida en un territorio determinado.
Las solicitudes son estudiadas en una oficina extranjera elegida para su análisis y luego de una búsqueda internacional de antecedentes dentro del Estado de la Técnica, las empresas pueden contar con un informe que les permite designar a varios países al mismo tiempo donde las patentes puedan tener validez y así poseer la exclusividad en la comercialización, importación o fabricación de un determinado método, aparato, procedimiento o producto.
El Tratado es exigido por las empresas y el gobierno de los Estados Unidos como parte del Acuerdo firmado en Washington por los presidentes Trump y Milei y esta incluído en el Informe Especial 301 elaborado anualmente por la Oficina del Representante Comercial (USTR).
La adhesión ha sido fuertemente resistida por la Cámara de Industrias y Laboratorios medicinales de la Argentina (CILFA) que agrupa a las principales firmas nacionales.
Choque entre laboratorios nacionales y extranjeros
El principal obstáculo para la ratificación del tratado es la resistencia de las cámaras que agrupan a los laboratorios nacionales de medicamentos. CILFA y Cooperala advirtieron en un documento enviado a
La adhesión plena al PCT implica que las patentes concedidas en países miembros tengan una protección de 20 años, con un impacto directo sobre la industria farmacéutica, uno de los sectores que más invierte en investigación y desarrollo. Los laboratorios extranjeros sostienen que ese esquema es clave para resguardar las fuertes inversiones que realizan en nuevos fármacos, mientras que las firmas nacionales alertan por el encarecimiento de los tratamientos y la pérdida de competitividad.
El argumento del Gobierno a favor del PCT
Desde el Gobierno remarcan que, aun sin que la Argentina haya adherido plenamente al tratado, varios laboratorios nacionales ya utilizan el sistema PCT para resguardar sus desarrollos en el exterior. Mencionan en particular a Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Laboratorios Andrómaco, que gestionan sus patentes a través de oficinas de otros países, con mayores costos y trámites más complejos.
En un documento interno al que accedió NA, el oficialismo puntualiza que el CONICET y la red universitaria representan el 26,9% de las solicitudes PCT de origen argentino, una de las proporciones más altas de América Latina. Desde esa óptica, la no adhesión solo impone trabas administrativas y gastos adicionales a la ciencia pública y al entramado innovador local.
Además, el Gobierno sostiene que la incorporación plena al PCT no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que le abre la posibilidad futura de ser designado como Autoridad de Examen Preliminar Internacional, como ocurre con el INPI de Brasil. Ese rol implicaría mayores ingresos, fortalecimiento técnico y jerarquía institucional para el organismo.
“Rechazar el Capítulo II cierra esa puerta” a la integración plena del INPI en el sistema internacional de patentes, señalan desde el oficialismo.
El trasfondo del debate remite a discusiones históricas en la Argentina sobre el modelo de patentes, similares a las que atravesaron la década del 90, cuando los laboratorios nacionales lograron imponerse en buena medida frente a las exigencias externas. La nueva postergación en Diputados vuelve a dejar en suspenso un tema clave para la política industrial, la salud pública y la estrategia de innovación del país.
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