Hace unas semanas, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció nueve nuevos acuerdos con compañías farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos con receta en EEUU en línea con los precios más bajos pagados por otras naciones desarrolladas, conocidos como precios de ‘nación más favorecida’ (MFN, por sus siglas en inglés).
Con estos nueve nuevos acuerdos, el número total de compañías con acuerdos MFN asciende a 26, que cubren, según la Administración estadounidense, el 89% del mercado de medicamentos de marca. Por su parte, los nueve fabricantes incluidos en los nuevos acuerdos son Alcon, Astellas Pharma, BeOne Medicines, BridgeBio, CSL, Kyowa Kirin, Sun Pharma, Teva Pharmaceuticals y UCB.
Según explicó la Casa Blanca, “los acuerdos reducen los precios de medicamentos destinados a tratar enfermedades costosas, crónicas y raras”, entre las que se encuentran la hemofilia, la enfermedad de Parkinson, la degeneración macular, el glaucoma, las enfermedades hepáticas, distintas afecciones cutáneas y varias formas de cáncer.
Además, señaló que los acuerdos permitirán que todos los programas estatales de Medicaid del país tengan acceso a precios MFN para los productos fabricados por estas nueve compañías. La Administración estadounidense afirmó que esto supondrá miles de millones de dólares de ahorro para los estadounidenses y que continúa sus actuaciones para fortalecer el programa dirigido a las personas más vulnerables.
Los acuerdos también establecen precios MFN para todos los nuevos medicamentos innovadores que las nueve compañías incorporen al mercado. Según la Administración estadounidense, esta medida pretende garantizar que otros países no puedan utilizar controles de precios para beneficiarse de la innovación estadounidense sin asumir el mismo nivel de precios. Cada uno de los fabricantes incluidos en los acuerdos se ha comprometido, según el comunicado, a “reequilibrar” los precios internacionales de los medicamentos mediante la aplicación de precios MFN a los pacientes estadounidenses.
Para conocer las implicaciones de los últimos acontecimientos, David Cantarero, catedrático de la Universidad de Cantabria e investigador principal del Grupo de Investigación en Economía de la Salud del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), ha explicado a El GlobalFarma que los acuerdos alcanzados por la Administración Trump con 26 compañías farmacéuticas suponen “un cambio potencial y de calado en la política farmacéutica estadounidense”.
A su juicio, su importancia “no reside únicamente en la magnitud de las reducciones de precios que puedan obtenerse, sino en el intento de modificar un modelo en el que EEUU ha venido soportando precios de los medicamentos innovadores mucho más superiores a los de otros países desarrollados”.
En este sentido, ha destacado que la extensión de los acuerdos de precios de “nación más favorecida” (Most-Favored-Nation, MFN) a compañías que, según la Administración, representan casi el 89% del mercado estadounidense de medicamentos de marca convierte una sucesión de acuerdos bilaterales en algo más próximo a “un nuevo marco de referencia para fijar precios farmacéuticos”. En su opinión, ello supone introducir “más explícitamente la comparación internacional de precios” dentro de un mercado que tradicionalmente había permitido un margen mayor a la fijación de precios por parte de los fabricantes.
“La estrategia MFN busca reducir esa diferencia estableciendo que el mercado estadounidense no pague por determinados medicamentos precios superiores a los más bajos observados en países comparables“, ha matizado. Según Cantarero, “esto puede producir “importantes ahorros para Medicaid y para determinados pacientes estadounidenses” y aumentar la capacidad negociadora del comprador público frente a la industria”.
No obstante, Cantarero ha advertido de que “las estimaciones de ahorro anunciadas por la propia Administración deben interpretarse con prudencia hasta disponer de información detallada sobre los precios netos efectivamente negociados, los medicamentos incluidos, los volúmenes afectados y la evolución del gasto farmacéutico agregado”. Además, ha recordado que “los términos completos de los últimos acuerdos no se han hecho públicos, lo que limita la posibilidad de estimar su impacto real”.
El posible traslado del ajuste a Europa
Uno de los aspectos que ha considerado especialmente relevante es la incidencia distributiva internacional de la política MFN. “La política MFN no implica necesariamente que toda la convergencia vaya a producirse mediante una reducción de los precios estadounidenses”, ha señalado. “Las compañías farmacéuticas tienen incentivos para intentar aumentar los precios netos en los países utilizados como referencia, renegociar descuentos confidenciales, modificar las condiciones de lanzamiento o incluso retrasar la comercialización de determinados medicamentos en mercados con precios particularmente bajos para evitar que esos precios reduzcan posteriormente el precio estadounidense”, ha argumentado.
En este contexto, ha destacado “el acuerdo alcanzado con Reino Unido, ya que la propia Administración estadounidense señala que contempla un incremento del 25% del precio neto de nuevos medicamentos en ese país”. Por tanto, ha sentenciado que “una parte del ajuste podría consistir en una convergencia internacional de precios en ambas direcciones, con precios menores en EEUU, pero potencialmente mayores en algunos países europeos”.
Esta cuestión es especialmente relevante para España y otros países europeos. Cantarero ha señalado que “el modelo europeo se ha beneficiado históricamente de una capacidad negociadora pública relativamente elevada y, simultáneamente, de la existencia de un gran mercado estadounidense dispuesto a remunerar la innovación farmacéutica a precios superiores”. Pero, ha advertido que “si EEUU deja de aceptar esa diferencia y vincula sistemáticamente sus precios a los europeos, las compañías tendrán incentivos para proteger el precio estadounidense evitando precios oficiales especialmente bajos en Europa”. Para el experto, esto puede traducirse en “mayores exigencias de precio en las negociaciones nacionales, un mayor recurso a descuentos confidenciales y acuerdos de riesgo compartido e incluso retrasos en el lanzamiento de determinados productos en países que tradicionalmente obtienen precios bajos”.
El impacto sobre la innovación
Otro de los elementos que, a su juicio, debe analizarse es el posible efecto sobre la innovación. Reducir los precios estadounidenses disminuye el valor presente esperado de determinados medicamentos y, por tanto, podría reducir marginalmente los incentivos privados a invertir en I+D, especialmente en proyectos con elevada incertidumbre o mercados potenciales pequeños. Sin embargo, ha advertido de que “identificar mecánicamente menores precios con menor innovación sería una simplificación excesiva”. Según Cantarero, “la respuesta dependerá de la magnitud real de la reducción de ingresos, de la rentabilidad inicial de los productos afectados, de cómo se redistribuyan internacionalmente los precios y de la capacidad de las compañías para absorber parte del ajuste mediante menores márgenes”.
Desde una perspectiva de bienestar social, ha considerado que la cuestión relevante es encontrar “un equilibrio entre acceso actual a medicamentos a precios razonables e incentivos dinámicos suficientes para generar innovación futura”. “Una política que reduzca rentas extraordinarias sin afectar sustancialmente a proyectos de I+D socialmente valiosos podría mejorar la eficiencia, mientras que una reducción excesiva de los retornos esperados podría producir el efecto contrario”, ha precisado
Una estrategia sanitaria, industrial y comercial
Cantarero también ha destacado que “estos acuerdos no constituyen una política exclusivamente farmacéutica, sino una combinación de política sanitaria, industrial y comercial”. “Los nueve últimos fabricantes han comprometido conjuntamente al menos 19.600 millones de dólares de inversión en fabricación estadounidense y algunas compañías aportarán principios activos a la reserva estratégica estadounidense”, ha asentido.
Al mismo tiempo, ha expresado que “la política arancelaria estadounidense concede al Gobierno una herramienta adicional de negociación con los fabricantes”. Por tanto, ha explicado que “el intercambio implícito parece más amplio que una simple negociación precio-volumen, ya que EEUU está utilizando simultáneamente su enorme mercado farmacéutico, la política de precios, los aranceles y los incentivos a localizar producción para conseguir precios menores, inversión doméstica y mayor seguridad de suministro”.
También ha puesto el foco en el componente de economía política. En este sentido, ha recalcado que “frente a una regulación uniforme impuesta exclusivamente por ley, Trump está utilizando acuerdos voluntarios negociados individualmente con las compañías, aunque bajo una considerable capacidad de presión regulatoria y comercial”. Ante este escenario, ha subrayado que “esta fórmula puede facilitar resultados rápidos y proporcionar flexibilidad, pero también reduce la transparencia y dificulta conocer exactamente qué concesiones obtiene y ofrece cada parte”.
La sostenibilidad a largo plazo del modelo dependerá, por ello, de hasta qué punto estos acuerdos voluntarios se institucionalicen y sobrevivan a cambios de Administración. En este sentido, la propia Administración ha planteado la necesidad de trasladar determinados elementos del sistema MFN a legislación federal para darle mayor permanencia.
¿Quién soportará finalmente el coste?
La valoración global de Cantarero va más allá de que Trump haya conseguido que “las farmacéuticas bajen los precios”, puesto que ha asegurado que “desde el punto de vista estadounidense, la estrategia puede representar un aumento sustancial de la capacidad negociadora pública y una corrección parcial de una anomalía histórica: que un mismo medicamento innovador genere precios y retornos extraordinariamente diferentes entre EEUU y otros países de renta alta”.
Sin embargo, cree que “desde una perspectiva internacional puede desencadenar una reacción estratégica de las compañías y alterar el equilibrio mundial de precios farmacéuticos” y que “el resultado dependerá no solo de cuánto bajen los precios estadounidenses, sino también de cuánto aumenten en otros mercados, de cómo cambien las decisiones de lanzamiento, de los efectos sobre acceso e innovación y de qué parte de los menores ingresos sea absorbida finalmente por los márgenes empresariales”.
“Si la estrategia se consolida, puede producir una cierta convergencia internacional de precios y obligar especialmente a Europa a reconsiderar cuánto está dispuesta a pagar por la innovación”, ha señalado. “Para España, el reto será preservar simultáneamente la sostenibilidad presupuestaria y el acceso temprano a medicamentos innovadores, reforzando la evaluación económica y la financiación basada en valor en lugar de responder simplemente aceptando precios más elevados”, ha dicho.
En este sentido, ha considerado que la cuestión que abre la estrategia de Trump es más profunda que quién consigue medicamentos más baratos: “qué países, y en qué proporción, deben financiar el coste y asumir el riesgo económico de la innovación farmacéutica mundial”.
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