Confirman que si Chile aprueba el TPP se retrasará la entrada de medicamentos más baratos
Mientras Michelle Bachelet se encuentra en una vergonzosa campaña defendiendo el Acuerdo TransPacific Partnership (TPP) firmado con Estados Unidos, y que ahora tiene que validar el Congreso, expertos revelaron que en el texto final del acuerdo, aparece que la protección de datos y composición de medicamentos biológicos será de 8 años o de 5 años más “otras medidas” que brinden una protección “comparable en el mercado”, la que puede demorar varios años. Un artículo de The Clinic resume las implicancias de esta peligrosa “Letra Chica”
La página web de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) reveló que la negociación se cerró con dos alternativas: un texto que deja la protección de datos para este tipo de fármacos en 8 años y otro idéntico que establece 5 años, pero sujeto a resultados comparables en el mercado con “efectiva protección comercial” que se pueden extender por varios años más. Una situación que el Ministerio de Salud no recomendó y llamó a que no ocurriera porque podría impactar directamente en el precio de los remedios de alto costo, los mismos que forman parte del fondo de la denominada Ley Ricarte Soto.
La minuta elaborada en la Subsecretaría de Salud Pública -a la que accedió The Clinic Online– llamada “Impacto económico y sanitario de la extensión de la protección de datos de productos farmacéuticos biológicos” es la que alertó a la secretaria de Estado sobre los alcances del TPP en los precios de los medicamentos y, especialmente, en el futuro Fondo de Tratamientos de Alto Costo, más comúnmente llamado Ley Ricarte Soto. Ahí el texto señala que al bloquear los registros de productos genéricos o similares, la medida genera un monopolio comercial fáctico para quien la obtiene, lo que le permite asignar el precio que desee al producto y mantenerlo durante al menos cinco años sin competencia ni restricciones.
Según el informe, actualmente las compras que realiza el sector público en medicamentos biológicos y biotecnológicos alcanza a un 26% del total de medicamentos adquiridos, llegando a 91 mil millones de pesos el año 2014. Esa cifra aumentará prácticamente al doble con el funcionamiento en régimen del Fondo de Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto), ya que los productos que se pretenden cubrir con este fondo son todos biotecnológicos. “Cada año adicional a los 5 años actuales de protección de datos equivalen en promedio a 770 millones de dólares anuales, lo que corresponde a 540.000 millones de pesos, es decir, a más de cinco Fondos de Tratamientos de Alto Costo que podrían financiarse”, dice el texto.
Además, el informe señala que existe evidencia en nuestro mercado que cuando se acaba la protección de datos los precios se reducen un 15% en el mercado retail de farmacias. También se han detectado precios más bajos de biotecnológicos genéricos en las compras del sector público (Cenabast), los que alcanzan a un 45% y 95% de reducción respecto a los medicamentos biotecnológicos innovadores. Por eso, la entrada de genéricos que permitan medicamentos a precios más bajos “no sería posible si la protección de datos se extendiera a 12 u 8 años como se está proponiendo en el TPP”.
“Al contrario de lo afirmado por Cancillería, la exclusividad de datos que restringe el ingreso de fármacos bioequivalentes sí fue cedida, no como estaba contemplado en un principio a través de los ocho años de información no divulgada, sino a través de un texto ambiguo que obliga al Estado de Chile a establecer otras medidas adicionales a los cinco años para que las farmacéuticas tengan exclusividad de mercado comparable con los ocho años”, dice Tomás Lagomarsino, presidente de la Fundación Equidad. El médico cirujano agrega que “esto afectará los productos biológicos como son los tratamientos para las enfermedades autoinmunes, el cáncer y las vacunas, imponiendo de este modo una carga adicional financiera al sistema de salud en sus distintos niveles: Ley Ricarte Soto, planes de Isapres, cobertura adicional para enfermedades catastróficas, fármacos adquiridos por la CENABAST, garantías explícitas en salud (GES), usuarios que compren sus medicamentos en las farmacias del retail y, por qué no incluirlas, también en las farmacias populares”.
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