El Gobierno logró ratificar en la cámara de Diputados la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) por una amplia mayoría. Obtuvo en general y particular 147 a favor, 93 en contra y ninguna abstención. El proyecto vuelve en revisión al Senado para su ratificación final por una modificación introducida por los Diputados.La Cámara baja incorporó una reserva al capítulo II del PCT que habilita al INPI -el organismo encargado de aplicat el tratado en el país- a apoyarse en informes técnicos sobre los antecedentes de las patentes existentes en el mundo, no vinculantes y elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), fue históricamente opositora al proyecto, aunque en una decisión de “control de pérdidas” y desde una posición debilitada deja en manos de los examinadores de la Administración Nacional de Patentes la interpretación de los criterios para facilitar la aprobación de las patentes que hasta ahora son rechazadas por falta de novedad o actividad inventiva.
Los laboratorios nacionales saben que el PCT facilita la extensión del plazo de vigencia de las patentes sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores de las moléculas o mediante estrategias de extensión forzada como desarrollar sales, profármacos, isómeros ópticos y otros. Estas maniobras eran neutralizadas mediante la aplicación de las “guías de examen de patentes químico-farmacéuticas” que fueron recientemente derogadas por el INPI. De allí la importancia que tiene las decisiones de la gestión de ese organismo para CILFA quien ha denunciado que podría demorar la aparición de medicamentos genéricos en el mercado nacional, reducir la competencia y, como consecuencia, encarecer los precios de los medicamentos para la población.
Desde la oposición, Santiago Cafiero (UP) adelantó el rechazo de su bloque y cuestionó la adhesión al PCT al sostener que es “una concesión dentro de un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina” que, según afirmó, perdió su reciprocidad. “Estamos dando concesiones y del otro lado no hay nada”, dijo.
Su compañero de bloque, Pablo Yedlin, advirtió que tras la eliminación de las reglas que limitaban los medicamentos que podían patentarse,la decisión quedará en manos de trabajadores del INPI que, según afirmó, cobran menos de $2 millones y deben resolver sobre patentes “multimillonarias”.
“Le estamos poniendo en responsabilidad de un funcionario público que cobra dos millones de pesos la decisión de patentar o no un medicamento de estos precios. Eso no va a funcionar”, sostuvo Yedlin.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió aprobar el PCT sin la reserva al capítulo II para evitar que vuelva al Senado. Atribuyó los 56 años de demora al lobby farmacéutico a CILFA. Cuestionó al oficialismo: “El gobierno más desregulador del mundo se rinde a los pies de cierta cámara empresaria”. Y defendió el tratado: “No es ningún tipo de renuncia de soberanía”, sino una herramienta que ya buscan utilizar el Conicet, el INTA y las universidades públicas. La posición de Ferraro coincide con la cámara de laboratorios extranjeros CAeME , AmCham y la Embajada de los Estados Unidos.
En el marco de los compromisos asumidos por Javier Milei al firmar en febrero el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con Donald Trump, el Gobierno argentino aguardó una garantía de la administración norteamericana sobre la reducción a 0% de 1675 posiciones arancelarias, cuya implementación había sido frenada por la Corte Suprema norteamericana. Ese compromiso fue formalizado en julio.
Qué implica el tratado PCT
Según especialistas locales, el tratado crea el paso previo a la adopción de la “PATENTE MUNDIAL”: una única patente en todos los países al mismo tiempo a un click, cuando las condiciones de la economía global lo permitan en el futuro cercano
Mientras tanto, los países centrales y sus corporaciones lograron incorporar 158 países a una “solicitud única” para iniciar trámites de patentamiento donde un puñado de oficinas extranjeras realizan el estudio de las solicitudes (informe de búsqueda internacional e informe de viablidad de patentamiento).
Además, amplía de 12 meses (según el actual Convenio de París) a 30 meses el período de prioridad a partir de la fecha inicial de la solicitud de la patente. El acuerdo permite iniciar el trámite directamente desde la Argentina, en el INPI, sin necesidad de presentar las solicitudes país por país, como ocurre hoy. Según el oficialismo, eso reduciría significativamente los costos internacionales, que beneficia principalmente a las empresas internacionales que utilizan intensivamente el tratado para crear monopolios mundiales.
Otra actividad que se ve impactada es la industria agro-bio-tecnógica: otras resoluciones tomadas por el INPI y el INASE afectan los desarrollos vinculados a semillas transgénicas y variedades vegetales; recientemente se otorgó una patente a la empresa Bayer-MONSANTO.
La importancia que toma el INPI
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial se encuentra administrado por un representante de los estudios jurídicos y de las empresas internacionales: el abogado Carlos María Gallo, un agente de la propiedad industrial que debió suspender su matrícula de agente para asumir en el INPI, redacta junto con los bufetes las resoluciones que benefician a sus colegas del otro lado del mostrador en un flagrante conflicto de intereses.
La derogación de las guías de examen de patentes, el nombramiento de un nuevo director de patentes y el tratado PCT implican un duro revés y el control de facto de las empresas estadounidenses sobre el INPI que hará dificil a CILFA llevar a cabo su estrategia de control de daños ocasionada por su capitulación frente al gobierno y la industria estadounidense, y lo deja a la espera de una nueva administración nacional que le otorgue nuevamente el control de las patentes en el país.
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