La reciente decisión del Ministerio de Sanidad de ampliar el cribado poblacional de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años ha sido presentada oficialmente como un avance significativo en prevención y equidad sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud.
La medida, aprobada por la Comisión de Salud Pública el 20 de mayo de 2026, amplía la población diana del programa de detección precoz que hasta ahora se dirigía a mujeres de 50 a 69 años, manteniendo la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.
Según la nota de prensa oficial del Ministerio, la implantación será progresiva y las comunidades autónomas dispondrán de hasta seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100% en los nuevos grupos de edad, con un impacto presupuestario estimado de 534 millones de euros entre 2025 y 2029.
Sin embargo, como ocurre con muchas intervenciones de salud pública de gran calado, la medida merece un análisis más reposado y matizado, especialmente cuando existen voces críticas relevantes dentro de la propia comunidad médica que cuestionan no solo la ampliación, sino el fundamento mismo del cribado mamográfico poblacional.
Esta posición no es nueva ni marginal: se inscribe en un debate científico que lleva más de treinta años abierto y que dista de estar completamente cerrado, a pesar de lo que a veces sugiere la comunicación institucional.
Algunos profesionales de reconocido prestigio, como los médicos Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández, del Equipo CESCA de Madrid, han reaccionado con una contundencia poco habitual en la esfera pública, calificando la iniciativa del Ministerio de «malicia sanitaria», es decir, de hacer algo mal a sabiendas, quizá por populismo electoral o por aprovecharse del analfabetismo estadístico de población y profesionales.
Su posición, aunque minoritaria dentro del establishment médico, es extremadamente relevante por la trayectoria de sus autores: Gérvas es médico general rural jubilado, exprofesor de salud pública en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y referente histórico en medicina basada en evidencia en España; Pérez-Fernández es especialista en Medicina Interna y también médica rural jubilada.
Ambos han dedicado décadas al análisis crítico de los programas de prevención y cribado.
Conviene empezar por un punto básico que a menudo se diluye o se pierde en la comunicación institucional simplificada: la mamografía no previene el cáncer de mama, no lo evita, sino que trata de detectarlo con prontitud cuando ya existe.
Esta diferencia, aparentemente técnica y semántica, tiene implicaciones clínicas y éticas importantes. Detectar antes no siempre significa mejorar el pronóstico global de la paciente, y mucho menos reducir la mortalidad total por cáncer o por cualquier otra causa.
De hecho, parte sustancial de la controversia científica gira precisamente en torno a este punto: si el cribado mamográfico realmente salva vidas o simplemente cambia el momento del diagnóstico sin alterar el desenlace final.
Diversas revisiones sistemáticas y organismos independientes de evaluación tecnológica sanitaria han señalado que el cribado mamográfico puede reducir modestamente la mortalidad específica por cáncer de mama, pero con un coste humano y sanitario importante en forma de sobrediagnóstico y sobretratamiento.
El sobrediagnóstico se produce cuando se detectan tumores que probablemente nunca habrían causado síntomas, complicaciones ni comprometido la vida de la paciente durante su esperanza de vida natural.
Estos tumores, una vez identificados por la mamografía, desencadenan automáticamente una cascada de intervenciones médicas —biopsias, cirugías, mastectomías, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal— que no están exentas de efectos adversos significativos, desde complicaciones quirúrgicas hasta enfermedades cardiacas y segundos cánceres inducidos por el tratamiento.
Este fenómeno del sobrediagnóstico es uno de los aspectos más complejos de comunicar a la población y, lamentablemente, es el que con mayor frecuencia se oculta o se minimiza en la propaganda sanitaria.
No se trata de errores diagnósticos en el sentido tradicional, sino de diagnósticos correctos desde el punto de vista histológico —sí es cáncer según los criterios patológicos actuales—, pero irrelevantes desde el punto de vista clínico porque nunca habrían progresado.
En términos prácticos y humanos, implica que algunas miles de mujeres pasan a ser pacientes oncológicas de por vida, con el estigma, la ansiedad y los efectos secundarios que ello conlleva, sin que ello les aporte un beneficio claro en términos de supervivencia o calidad de vida.
En este contexto, la ampliación del rango de edad hacia extremos más jóvenes y más mayores plantea interrogantes legítimos desde el punto de vista científico y ético.
En mujeres más jóvenes, entre 45 y 49 años, la densidad mamaria es generalmente mayor, lo que reduce la sensibilidad de la prueba y aumenta tanto la tasa de falsos positivos como la necesidad de pruebas adicionales complementarias —mamografías de control, ecografías, resonancias magnéticas— que generan ansiedad, costos adicionales y, en algunos casos, biopsias innecesarias.
Las guías internacionales son diversas y a veces contradictorias sobre este punto, lo que por sí mismo indica falta de consenso científico robusto.
En el otro extremo, en mujeres mayores de 70 hasta 74 años, el balance entre beneficios y riesgos puede verse fuertemente condicionado por la presencia de comorbilidades, la fragilidad y la esperanza de vida individual.
Una mujer de 72 años con enfermedades cardiovasculares, diabetes y limitaciones funcionales puede tener una esperanza de vida de diez o doce años, pero el tiempo necesario para que un cáncer de mama de crecimiento lento cause síntomas o comprometa la supervivencia puede ser superior.
En estos casos, el cribado puede más bien complicar la vida de la paciente que mejorarla, sometiéndola a diagnósticos y tratamientos que no aportan beneficio real. Por tanto, no es evidente ni está demostrado que «más cribado» se traduzca automáticamente en «mejor salud poblacional».
El propio Ministerio de Sanidad justifica la medida en base a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS), del Consejo de la Unión Europea, y a la evidencia clínica disponible que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.
También se apoya en la experiencia acumulada por distintas comunidades autónomas como Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha, que ya han incorporado el tramo de 45 a 49 años en sus programas de detección precoz, mientras que Galicia aportó resultados clave para respaldar la inclusión del grupo de 70 a 74 años.
Los datos de Navarra muestran una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años, y Galicia una tasa de detección del 8,7% en 2023 para mujeres de 70 a 74 años, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.
Sin embargo, críticos con el programa señalan que los indicadores utilizados —tasas de detección, estadios tumorales al diagnóstico, supervivencia a cinco años— no siempre reflejan el impacto real en salud poblacional y pueden ser incluso engañosos.
Como han argumentado diversos autores especializados en epidemiología y evaluación de tecnologías sanitarias, mejorar la supervivencia a cinco años o aumentar el número de diagnósticos precoces puede ser perfectamente compatible con un efecto nulo o muy limitado sobre la mortalidad global.
La supervivencia a cinco años es un indicador particularmente problemático en cribados porque se ve fuertemente influido por el adelanto del momento del diagnóstico, independientemente de que la paciente viva más o menos tiempo.
Otro aspecto que merece atención crítica es el coste de oportunidad en un sistema sanitario con recursos finitos y demandas crecientes. La ampliación del programa supone una inversión pública estimada de más de 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029, aunque el Ministerio estima que el coste real será inferior dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad.
Esta cuantía, aunque no se compara con otros gastos sanitarios, representa recursos que podrían destinarse a otras intervenciones con mayor relación coste-efectividad, como la mejora de los tratamientos oncológicos, el fortalecimiento de la atención primaria, la inversión en prevención primaria del cáncer (reducción de factores de riesgo como obesidad, alcohol, tabaco), o la atención a otras enfermedades crónicas que afectan significativamente a la calidad y esperanza de vida.
En paralelo, experiencias recientes y muy dolorosas como la crisis de las mamografías en Andalucía invitan a reflexionar sobre la dimensión organizativa y de gestión del cribado, más allá de la eficacia teórica de la prueba en condiciones ideales.
El trabajo monumental de Marc Casañas, titulado «La crisis de las mamografías en Andalucía. De la ‘anécdota’ a la categoría: Una perspectiva periodística, jurídica, histórica, tecnológica, política y económica», casi 600 páginas que permiten el análisis desde diferentes puntos de vista, documenta un fracaso en el circuito de seguimiento de las mamografías de cribado que afectó a casi 150.000 mujeres.
Los problemas no tuvieron que ver principalmente con la efectividad del cribado en sí mismo, que no se cuestionó en demasía, sino con la falta de seguimiento de los resultados de las mamografías realizadas, cuestión ya preocupante al inicio de 2024 pero que no llegó a escándalo público hasta septiembre de 2025.
Este caso demuestra que, más allá de la eficacia teórica de una prueba en ensayos controlados, su impacto real en salud pública depende críticamente de la calidad del circuito asistencial completo: citación oportuna, realización de la prueba, lectura e interpretación por radiólogos cualificados, comunicación de resultados a la paciente, seguimiento de casos sospechosos, biopsia si procede, diagnóstico definitivo, estadiaje, y tratamiento adecuados.
Fallos en cualquiera de estos eslabones, especialmente en el seguimiento, pueden convertir una intervención bienintencionada con potencial beneficio en un problema sanitario, jurídico y social de gran magnitud, con miles de mujeres que no recibieron diagnóstico ni tratamiento a tiempo.
Todo lo expuesto no implica necesariamente negar todo valor al cribado mamográfico ni desaconsejarlo de forma generalizada y categórica para todas las mujeres. La realidad es más matizada: el cribado puede tener algún beneficio en subgrupos específicos de población, pero ese beneficio es menor del que se comunica habitualmente y viene acompañado de daños que no se mencionan con la misma claridad.
Lo que sí se subraya con fuerza desde la crítica es la necesidad de una información completa, equilibrada y honesta para las mujeres que son invitadas a participar en estos programas.
La decisión de participar o no en un programa de cribado debería basarse en un consentimiento verdaderamente informado, no simplemente firmado, que incluya no solo los posibles beneficios en términos de reducción de mortalidad por cáncer de mama, sino también los riesgos concretos de falsos positivos, sobrediagnóstico, sobretratamiento, ansiedad, biopsias innecesarias y tratamientos agresivos en tumores que nunca habrían causado problemas.
En última instancia, el debate público y profesional sobre las mamografías de cribado refleja una cuestión más amplia y profunda sobre cómo gestionar la incertidumbre inherente a la medicina y cómo comunicarla a la población sin caer ni en el alarmismo infundado ni en el triunfalismo simplista.
Las políticas públicas de salud tienden, comprensiblemente por razones de comunicación efectiva y aceptación social, a simplificar mensajes hasta el punto de convertirlos en eslóganes —«la detección precoz salva vidas», «la mamografía salva mamas»—, pero la realidad científica suele ser mucho más matizada, compleja y, en ocasiones, ambigua.
Porque en salud pública, como en tantas otras áreas del conocimiento y la práctica humana, la prudencia no consiste en no actuar por miedo a equivocarse, sino en actuar sabiendo convocar todas las evidencias disponibles, reconociendo los límites del conocimiento, aceptando la incertidumbre y asumiendo que no todo es tan evidente, claro y beneficioso como a veces se presenta en las notas de prensa oficiales y en la propaganda sanitaria.
La verdadera prudencia exige humildad científica, transparencia informativa y respeto por la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y su propia salud.
